La crisis
económica y un programa de deportación desde la cárcel de Charlotte,
la ciudad más grande de Carolina del Norte, están obligando a madres
hispanas a solicitar ayuda al gobierno para sobrevivir.

El esposo de la mexicana Arnulfa Pacheco fue detenido por la
policía local del condado Mecklenburg, donde está Charlotte, el 2 de
junio en horas de la mañana cuando se dirigía a su trabajo en la
jardinería por no tener licencia de conducir.

El hispano fue procesado bajo el programa 287g, que identifica a
indocumentados detenidos en la cárcel, e inmediatamente puesto en
proceso de deportación por además tener otras cuentas pendientes con
las autoridades por infracciones menores de tránsito.

Desde que comenzó a operar la medida en abril de 2006, desde el
centro de detención en Mecklenburg han puesto en proceso de
deportación a 6.914 inmigrantes de los cuales 2.091 fueron detenidos
por infracciones menores de tráfico.

Pacheco, de 36 años, se quedó sola con dos niños, de 4 y 6 años,
y no le quedó otra opción que solicitar cupones de alimentos al
Gobierno local y Medicaid al federal para dar de comer a sus hijos y
cubrir sus necesidades de salud.

"Mi esposo era el único que trabajaba porque me quedaba en la
casa a cuidar de los niños. Tengo uno enfermo. Ahora sin él todo es
más difícil y no puedo cubrir los gastos. Tuve que pedir ayuda ya
que mis hijos son americanos", contó a Efe Pacheco.

Otra mexicana, Olga Margarita Aguilar, acudió la semana pasada a
la organización "Mi Casa Su Casa" en Charlotte para que la ayudaran
a llenar la planilla de solicitud de Medicaid para sus hijos de 8, 6
y 4 años.

Aguilar afirmó a Efe que su esposo no "tiene mucho trabajo" en
construcción y cada día es "más complicado" pagar por las consultas
médicas y las medicinas.

"La economía está mala. Antes no nos atrevíamos a pedir ayudar y
convertirnos en carga para el condado pero ahora no nos queda otra
salida. Los niños lo necesitan", explicó.

Según Tabitha Carnes, portavoz del Departamento de Servicios
Sociales de Mecklenburg, el porcentaje de hispanos que recibieron
cupones de alimentos se incrementó un 113 por ciento entre enero de
2007 y marzo de 2009.

En enero de 2007, la cifra se ubicó en 5.061, y en marzo de 2009
llegó a 10.830.

También el número de beneficiarios hispanos de Medicid y el
programa HealthChoice de Carolina del Norte incrementó de 11.947 en
enero de 2007 a 18.850 en marzo de 2009, lo que resultó en un
incremento de 58 por ciento, de acuerdo con Carnes.

"No podemos asegurar que el incremento de solicitudes de
servicios sociales de hispanos se deba directamente al 287g pero si
en gran parte la crisis económica que vive el país afecta a todas
las familias y no sólo a las latinas", afirmó a Efe Carnes.

Para Cristina La Paz, directora de "Mi Casa Su Casa", cada vez
son más los casos que llegan a la organización de madres que se han
quedado solas porque sus esposos han sido deportados y deben buscar
alternativas para mantener a sus hijos.

"No saben qué hacer, a dónde ir, es una situación muy
desesperante, y no sólo acuden al Gobierno sino a instituciones que
ofrecen ayuda con la comida, renta, médicos", apuntó.

Jorge Medina, director de "Hondureños Unidos de las Carolinas",
considera que habría más casos de hispanos pidiendo servicios
sociales para sus hijos pero la falta de información los cohíbe.

"No quieren convertirse en carga para el Gobierno porque creen
que si hay una reforma les va a perjudicar. Esto no es cierto porque
es para sus hijos que son americanos. Al final de cuentas lo hacen
por necesidad, ya que muchos padres se sienten ahogados", apuntó.

De acuerdo a un estudio del Centro de Justicia de Carolina del
Norte (NCJC), en lo que va del periodo de recesión económica el
beneficio de las estampillas de alimento ha inyectado a la economía
estatal cerca de 2.800 mil millones de dólares.

Comercios como la tienda "San José Arellanos", en Central Avenue
(Charlotte), también han notado un aumento de hispanos cambiando los
cheques del programa WIC de suplemento alimenticio para mujeres,
madres y niños de bajos recursos.

"Tenemos cuatro años vendiendo productos de WIC pero desde
finales de año hemos aumentando la cantidad de mercancía. Ahora
vendemos 300 galones de leche a la semana y antes eran 100", afirmó
a Efe Francisco Alberto Mina, encargado del local.

Según Mina, la mayoría de esas personas son mujeres que sus
esposos han sido deportados y que no tienen para comprar comida para
sus hijos.

"Es triste porque algunos eran clientes que pagaban en efectivo
los productos", enfatizó.

Teresa Juárez es una de estas, que debió aplicar para la ayuda
del WIC cuando deportaron a su marido por violencia doméstica y se
quedó a cargo de su niña de 2 años.

Según NCJC, cerca de 1,2 millones de familias en Carolina del
Norte -sin especificar el porcentaje de hispanos- reciben algún tipo
de asistencia del Gobierno.