Una comisión nacional calificó hoy de
"inconstitucionales" las redadas que la Oficina de Inmigración y
Aduanas (ICE) de EEUU condujo en hogares y
lugares de trabajo durante la administración de George W. Bush.

La acusación es la principal conclusión de un estudio elaborado a
lo largo de más de un año por la Comisión Nacional de Conducta del
ICE y Violaciones de los Derechos de la Cuarta Enmienda, constituida
en 2007 por ex funcionarios de Estado, líderes sindicales,
académicos y expertos legales.

Según el informe, titulado "Redadas de trabajadores: destruyendo
nuestros derechos", las actividades de ICE bajo el mandato de Bush
desafiaron protecciones constitucionales tales como "el derecho a
estar libre de indagaciones ilegales y confiscaciones, el derecho a
hablar con un abogado y la protección ante la discriminación".

Los miembros de la comisión, encabezada por el líder sindicalista
Joseph T. Hansen, llegaron a esta conclusión después de meses de
entrevistas con víctimas y decenas de audiencias regionales.

Una de las principales denuncias del informe es el recurso a
órdenes de arresto emitidas para un número reducido de empleados
indocumentados como pretexto para detener a toda la plantilla de la
compañía en la que trabajan, y determinar así si hay más inmigrantes
ilegales entre ellos.

"Este tipo de prácticas vulneran los derechos fundamentales de
los trabajadores y suelen acabar en vejaciones. Ninguna agencia
gubernamental debería situarse por encima de la ley", denunció
Hansen en una conferencia telefónica.

Hansen subrayó que las redadas también afectan a ciudadanos
estadounidenses, y puso como ejemplo el caso que vivió en primera
persona Michael Graves, un trabajador afroamericano que trabajaba en
la planta procesadora de alimentos en Iowa que sufrió una masiva
redada en diciembre de 2006.

El propio Graves explicó en la teleconferencia cómo fue retenido
durante ocho horas, esposado y sometido a un interrogatorio pese a
haber mostrado a los agentes su carné de identidad estadounidense.

Las acusaciones injustificadas a los trabajadores de haber
falsificado sus documentos de seguridad social también se han
convertido en moneda corriente, según Hansen.

A ello se suman los allanamientos de morada sin órdenes
judiciales y los "disparos al aire dirigidos a atemorizar a los
trabajadores retenidos ilegalmente", destacó Mary Bauer, directora
del Proyecto de Justicia para Inmigrantes en el Centro Sureño de
Pobreza y Justicia.

"Estas prácticas son profundamente inconstitucionales y no
funcionan. Sólo han conseguido eliminar unos miles de indocumentados
de un total de millones, han costado una fortuna y han devastado
comunidades enteras", dijo Bauer.

Según la comisión, el coste de cada uno de los arrestos que
efectúa el ICE es de unos 13.000 dólares.

Bauer también condenó la aplicación del programa 287(g) del ICE,
que permite a los agentes federales delegar en las funciones de un
agente de inmigración los oficiales locales, algo que conduce a
"prácticas racistas" que, según la comisión, están continuando
durante la administración de Barack Obama.

El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al
gobierno, que la comisión espera desglosar en una próxima entrevista
con la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano.

Entre las recomendaciones destaca la petición de que la posible
reforma migratoria se acompañe de una revisión completa de las
funciones y prácticas del ICE, asegurándose de que no interfiere en
los derechos de los trabajadores.

Esa revisión debería concretarse en el cese de las prácticas
relacionadas con el programa 287(g), la creación de una oficina de
supervisión del ICE, y el aumento de la vigilancia que el
Departamento de Trabajo hace del cumplimiento de las leyes
laborales.

Además, la comisión pide que el Congreso coordine el apoyo
humanitario de las asociaciones locales a las familias afectadas por
las redadas.