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Victoria para los indígenas peruanos tras la derogatoria de ley de la selva

Tras la recomendación del presidente Alan García en un mensaje televisado, el Congreso derogó las polémicas normas que tenían al país al borde de la crisis.

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El Congreso de Perú derogó el jueves dos leyes rechazadas por las comunidades indígenas del Amazonas por considerarlas lesivas a sus derechos y que fueron motivo de una violenta protesta que dejó un saldo de 34 fallecidos.

Las leyes 1090 y 1064, aprobadas en 2008 para regular el uso y explotación de los recursos naturales de la selva, fueron anuladas con 82 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, al cabo de un debate parlamentario de más de dos horas.

Según los indígenas, dichos decretos contravenían su derecho a la consulta contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Específicamente, la ley 1090 buscaba regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación, a través de una autoridad dependiente del Ministerio de Agricultura.

Su aprobación respondió a las modificaciones realizadas a la legislación peruana para adecuarla a los pedidos de sectores ecologistas de Estados Unidos previos a la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Perú.

Por su parte, la norma 1064 establecía que las tierras de uso agrario quedan sujetas a la servidumbre del paso de oleoductos, gasoductos e instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera.

El legislador Raúl Castro Stagnaro, de la opositora Unidad Nacional, defendió el voto en contra de la derogación de esta alianza conservadora, al afirmar que las referidas leyes estaban orientadas a regular y atender a las necesidades de los pueblos amazónicos y proteger su medio ambiente.

El presidente peruano, Alan García, invocó el miércoles a la reconciliación, en mensaje televisado, tras afirmar que “es mejor una rectificación valerosa que una obstinación”.

“Por ello, pido públicamente que el parlamento apoye (la derogación)”, señaló García, quien aseguró que “la tala ilegal y el contrabando de la madera, la siembra ilegal de la coca y la minería ilegal han destruido más de diez millones de hectáreas”.

En tal sentido, el jefe de Estado defendió que el Gobierno quería “poner orden, una exigencia también de los sectores progresistas y ecologistas de Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio”.

El gobernante admitió que nunca se consultó a los dirigentes de las comunidades indígenas sobre estos decretos, lo que consideró como el inicio de la “sucesión de errores y exageraciones” que han vivido todos y de la que sale perdiendo el país.

El Parlamento aprobó también una interpelación contra Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, para el próximo miércoles, por los violentos sucesos ocurridos en Bagua el pasado 5 de junio, que se saldaron con la muerte 24 policías y diez civiles, entre ellos indígenas.

Sobre esa interpelación, el primer ministro comentó que él no está ocupado “en el ruido político que no produce, sino en la que sí produce: la lucha contra la pobreza y la unidad nacional”.

No obstante, agregó que está dispuesto a responder a “200 pliegos interpelatorios”.

El jefe del gabinete manifestó su tranquilidad por tener el respaldo de la población y del mandatario peruano, quien le extendió el miércoles su apoyo en el mensaje a la nación.

Simon ha anunciado que renunciará a su cargo en unas semanas, cuando la tranquilidad retorne al país, después de haberse sentado a dialogar con un grupo de líderes nativos y proponer la derogatoria de las llamadas leyes de la selva.

Simon aclaró que su salida del Ejecutivo no responde al “capricho” del líder nacionalista Ollanta Humala “o de algunos radicalones, porque no les interesa el país”.

Por su parte, el principal líder indígena de Perú, Alberto Pizango, llegó el miércoles a Nicaragua, donde declaró que espera coordinar su lucha para que los derechos de los pueblos sean respetados.

Pizango se refirió al asilo político concedido el pasado 9 de junio por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, señalando: “estamos entrando a una etapa muy humanitaria”.

Pizango se refugió en la embajada de Nicaragua en Lima el 8 de junio y solicitó asilo después de que fuera acusado por los violentos sucesos ocurridos el 5 de junio en la provincia selvática de Bagua, que dejaron 24 policías y 10 civiles muertos.

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