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Redefinir el debate migratorio

En cinco años Estados Unidos requerirá 1,2 millones de nuevos enfermeros y enfermeras para responder a la creciente demanda causada por el retiro (y…

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En cinco años Estados Unidos requerirá 1,2 millones de nuevos enfermeros y enfermeras para responder a la creciente demanda causada por el retiro (y envejecimiento) de la generación de la posguerra o “baby boomers.” La oferta de estos trabajadores esenciales escasea no solo en Estados Unidos sino alrededor del mundo, lo que promete que la dura competencia por atraerlos solamente se hará más intensa.

Pero ¿cuál es el país que le crea más dificultades a un enfermero calificado para que obtenga una visa de trabajo? Estados Unidos. Se requiere en promedio 12 veces más tiempo para que una enfermera entre a Estados Unidos que al Reino Unido o Australia. “Algunos enfermeros han estado esperando siete años”, según Mick Whitley, presidente de la firma de contratación HCL International. Esta escasez representa “una amenaza para la calidad del cuidado a pacientes”, aseguró el año pasado un defensor público del Departamento de Seguridad Interior.

La insuficiencia de enfermeros dice algo sobre nuestro sistema de salud pero es un mensaje aún más directo sobre la reforma migratoria. Esta escasez, como la de la industria agrícola o de procesamiento de alimentos, debiera servir de inspiración para arreglar el sistema. Más crítico aún, su potencial impacto social y económico puede servir para redefinir el debate migratorio ahora que el presidente Obama intenta definir el momento indicado para iniciar discusiones con líderes bipartidistas del Congreso.

La razón por la que necesitamos cambiar los términos del debate es clara: en los últimos cuatro años la reforma migratoria integral fracasó no una sino dos veces. Ambos intentos terminaron frustrados debido a que con demasiada frecuencia el debate estuvo dominado por la indignación moral.

De un lado estaban aquellos que consideran irrazonable que la nación permita que millones de personas vivan en la sombra – sin derecho a votar, vulnerables al abuso, trabajando por poco sueldo y bajo pobres condiciones laborales. Del otro, estaban aquellos que creen que cualquier concesión a los “ilegales” es reprobable y socava el estado de derecho. No sorprende que hayamos estado estancados.

Estas pasiones no desaparecerán, pero el reorientar la discusión podría reducir su efecto y establecer un término medio. Como lo dijo Doris Meissner, ex comisionada de inmigración ahora con el Migration Policy Institute, necesitamos hacer ver que “la inmigración puede tener una variedad de propósitos que sirven a nuestro interés nacional en los años por venir”.

El instituto, en un informe emitido el mes pasado y del cual Meissner es coautora, sugiere la creación de una comisión independiente y bipartidista que emita “recomendaciones periódicas al Presidente y al Congreso para ajustar laboralmente los niveles migratorios”. El beneficio, según el informe, es convertir la inmigración es un “recurso estratégico” para mantener competitivo a Estados Unidos. Los hallazgos y recomendaciones de la comisión también inyectarían una “muy necesitada flexibilidad a un sistema que actualmente se ajusta sólo cada tres décadas o más”.

Lo que el instituto no sugiere pero vale la pena considerar es que dicha comisión podría desarrollar parámetros para responder a los 12 millones de personas que ya viven y trabajan en este país ilegalmente. Es concebible que a medida que determina futuras necesidad laborales, podría identificar los sectores donde los trabajadores indocumentados han estado supliendo la demanda por años.

En ese momento el Gobierno podría potencialmente determinar que, con base en los resultados de la comisión, el estatus de una buena cantidad de trabajadores podría normalizarse simplemente con base en las necesidades laborales y económicas del país. Si existe un trabajo disponible en California, costaría menos contratar a alguien que ya está allá, posiblemente haciendo ya el trabajo, que reclutar a alguien en El Salvador para que lo haga.

Ciertamente eso tiene más sentido económico que intentar deportar a millones – una imposibilidad logística. Además, a medida que la gente sale de la sombra, empleadores inescrupulosos tendrían más dificultades para pagar malos sueldos y mantener pobres condiciones laborales. Con mejores salarios y mejor capacidad adquisitiva, las ganancias presupuestarias aumentan.

Eso no es una reforma integral, ni mucho menos. Requeriría un enfoque gradual, de sector por sector, más destinado a burócratas que a políticos. No dejaría a todos satisfechos plenamente, pero sería una forma de avanzar al permitir que el tono del debate se haga más afable en el Congreso y alrededor del país y la nación redirija la discusión hacia la necesidad de responder a la demanda laboral estadounidense.

Entre más pronto podamos ir más allá de la discusión de si dejar que la gente se quede es premiar a violadores de la ley o es hacer lo correcto moralmente, más pronto se lograrán los importantes arreglos que requiere el actual sistema migratorio. Tal como lo dijo Ali Noorani, director ejecutivo del National Immigration Forum, “la legalización no va a llevarse a cabo porque es moralmente lo correcto sino porque es lo mejor para el país. Reformar nuestro sistema de inmigración es parte de la reforma a nuestra economía”. E igualmente hace parte de un reconocimiento básico: que el estatus quo no es aceptable.

(Marcela Sánchez ha sido periodista en Washington desde comienzos de los noventa y escribe una columna semanal hace más de seis años.)

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