El primer ministro peruano, Yehude Simon,
anunció el martes que pondrá su cargo a disposición del mandatario Alan
García "en las próximas semanas", a raíz de la crisis con los
pueblos amazónicos que generó violentos sucesos con 34 muertos.

"Yo voy a salir de todas maneras en el momento que tenga todo
esto tranquilizado, que debe ser en las próximas semanas", declaró
Simon a Radio Programas del Perú (RPP).

El presidente del Consejo de Ministros insistió en que le dejará
el "país tranquilizado" al mandatario y luego este "sabrá lo que
tiene que hacer", respecto a su anunciada renuncia.

Simon aclaró que su salida del Ejecutivo no responde al
"capricho" del líder nacionalista Ollanta Humala "o de algunos
radicalones, porque no les interesa el país".

Humala reclamó la renuncia de Simon, al atribuirle la violencia
desatada en el paro de los pueblos indígenas que derivó en 24
policías y 10 civiles muertos, el pasado 5 de junio en la ciudad de
Bagua.

No obstante, el primer ministro advirtió: "No se sienta el señor
Humala como un vencedor, porque él también tiene responsabilidad" en
los sucesos de Bagua.

Simon confirmó este lunes que el Gobierno pedirá la derogatoria
de las controvertidas leyes 1090 y 1064, que originaron las
protestas de los pueblos amazónicos hace dos meses, después de
conversar con los líderes de más de 300 comunidades en la región
Junín.

El primer ministro aseguró que el tratado de libre comercio
firmado con Estados Unidos, y por el cual se firmaron esas leyes de
manejo forestal, "no corre ningún peligro" con la derogatoria de
esas normas.

El Ejecutivo instalará hoy una comisión de trabajo con los
líderes indígenas, autoridades regionales y diversas entidades
públicas para evaluar la problemática amazónica y revisar las normas
que dieron origen a las protestas.

También pidió "un millón de veces perdón" por violencia en Bagua.

Simon
pidió el lunes "un millón de veces perdón" por los violentos sucesos que
el pasado 5 de junio causaron la muerte de al menos 34 personas y
anunció la creación de una comisión investigadora.

"Yo pido un millón de veces perdón. Al margen de si uno es
responsable o no, pero como premier tengo que pedir perdón", afirmó
Simon a su llegada a Lima tras mantener una reunión con los líderes
de las comunidades indígenas que protestan en la región de Junín
(centro) contra una serie de decretos legislativos.

"Este gabinete no tiene manchadas las manos de sangre y habrá una
comisión que hará una investigación seria que buscará responsables
de todas las muertes", afirmó Simon.

Lo que no aclaró es si esa comisión es la misma que el lunes aprobó
conformar el Congreso y que, formada por cinco miembros, tendrá 120
días para intentar aclarar cómo se desarrollaron los enfrentamientos
en Bagua (Amazonía peruana) y sobre quiénes debe recaer la
responsabilidad de las muertes.

El pasado 5 de junio, la Policía inició una operación para
desbloquear la carretera Fernando Belaunde Terry, en la selva norte
del país, cuyo bloqueo por parte de los indígenas había provocado el
desabastecimiento de las principales ciudades de la región.

Aunque todavía no está claro cómo se desarrolló el operativo, lo
cierto es que degeneró en duros enfrentamientos en los que hubo
fallecidos y un gran número de heridos.

Precisamente, Simon explicó que el objetivo actual del Gobierno
es "no volver a cometer los mismos errores" y demostrar a los grupo
indígenas que el Ejecutivo tiene en cuenta los intereses de la
amazonía.

"Se ha demostrado ahora que somos capaces de sentarnos y ver las
medidas juntos", señaló el primer ministro en relación al Grupo
Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos
Amazónicos que se instalará mañana en Lima, y en el que coincidirán
el Ejecutivo y los líderes indígenas y regionales.

Los grupos indígenas insisten en la derogatoria definitiva de una
serie de decretos conocidos como las "leyes de la selva" y que
consideran dañinos a sus intereses.

Dos de estos decretos, el 1090 y el 1064, fueron suspendidos
indefinidamente la semana pasada por el Congreso, mientras se
estudian las modificaciones a la nueva legislación, y para evitar un
vacío legal se repuso la anterior ley forestal.

Según el Gobierno, el primero de ellos busca regular y supervisar
el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales,
mientras que el segundo promueve la inversión privada en el sector
agrario.

El decreto 1064 establece, además, que las tierras de uso agrario
quedan sujetas a la servidumbre del paso de oleoductos, gasoductos e
instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera.

El lunes Simon dijo que mañana pedirá al Congreso la
derogatoria de esos dos decretos.