La comisión de diálogo prevista para
estudiar las demandas de las comunidades amazónicas en Perú excluirá
a la mayor organización indígena de las conversaciones, en las que solo
estarán presentes líderes locales o "apus", dijo hoy el primer
ministro Yehude Simon.

En rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Simon explicó
que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(Aidesep) "pateó el tablero" de las negociaciones con el Gobierno un
día antes de los violentos sucesos del viernes pasado, a pesar de
haberse comprometido en el diálogo.

Además, recordó que la Aidesep no reconocía a otros grupos
representativos nativos, quienes tampoco le daban crédito, y que el
Ejecutivo tuvo que rehacer las denominadas leyes de la selva a su
pedido.

Ante esa situación y con el presidente de la Aidesep, Alberto
Pizango, asilado desde el martes en la embajada de Nicaragua, tras
los enfrentamientos que dejaron 33 muertos en la ciudad de Bagua,
Simon anunció que se convocará a los "verdaderos apus".

"Se ha nombrado una comisión de trabajo donde están los
presidentes regionales, el Gobierno central, los apus de los
diferentes grupos amazónicos y, junto a ellos, la Defensoría del
Pueblo, y las iglesias católica y evangélica para buscar una salida
definitiva al problema de la amazonía", declaró Simon.

El jefe del gabinete dijo que los mismos nativos van a nombrar a
sus "apus" y que estos nombres serán recogidos por los presidentes
regionales para incluirlos en la mesa de negociaciones.

Sin embargo, anunció que la próxima semana recibirá en su oficina
en Lima a algunos de los líderes locales que han manifestado su
interés en participar, después de haberse reunido igualmente con los
presidentes de cinco regiones de la selva.

Los representantes de la Aidesep han manifestado que Pizango
seguirá siendo presidente de la agrupación, a pesar de que se prevé
su próxima partida a Nicaragua, e insisten, al convocar hoy a un
paro nacional, en la derogatoria definitiva de una serie de decretos
que consideran dañinos a sus intereses.

Uno de ellos, el 1090, conocido como la "ley de la selva", fue
suspendido ayer durante 90 días por el Congreso de la República,
mientras se estudian las modificaciones a la nueva legislación, y
para evitar un vacío legal se repuso la anterior ley forestal.

Según el Gobierno, el decreto 1090, que generó las protestas
indígenas en la Amazonía, busca regular y supervisar el manejo y
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo
concesiones de ecoturismo y de conservación.

No obstante, los pueblos indígenas de la Amazonía y varias
organizaciones no gubernamentales sostienen que la norma fue
aprobada sin el consentimiento de los nativos, en contra de lo
estipulado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).