La suspensión del Tribunal Constitucional de Bolivia ha agudizado la grave crisis que vive el Poder Judicial y sembrado preocupación e incertidumbre sobre la situación del Estado de Derecho en el país, según expertos.

El Alto Tribunal boliviano se encontraba desde 2007 prácticamente inoperativo por las sucesivas renuncias de sus miembros, que se produjeron entre las presiones del Gobierno de Evo Morales para enjuiciarlos por presunta prevaricación.

Pero la "puntilla" al Constitucional llegó el pasado martes con la dimisión de su última magistrada, Silvia Salame, por un drástico recorte presupuestario que se suma al "maltrato y acoso" que, a su juicio, sufre el Tribunal por parte del Ejecutivo.

De este modo, Bolivia se quedará sin control constitucional por lo menos hasta el próximo año, ya que el Gobierno no promoverá la designación de magistrados al considerar que el actual Congreso "no tiene facultades" para hacerlo con la nueva Carta Magna.

Según la Constitución promulgada en febrero, los miembros del futuro Tribunal Constitucional Plurinacional (ese será su nuevo nombre), y otros cargos del Poder Judicial, deben ser elegidos por los ciudadanos en las urnas, tras una preselección de la Asamblea Legislativa resultante de los comicios del 6 de diciembre.

Ante esta situación, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, expresó su profunda preocupación por la suspensión del TC ya que "no puede existir Constitución si no existe control de constitucionalidad".

Wayar calificó de "muy grave" la actitud del Gobierno al no reconocer la facultad del actual Congreso para designar a los magistrados del TC porque, a su juicio, confirma que "no existe Estado de Derecho en Bolivia".

"Estamos en un estado que yo compararía con la peor dictadura", dijo este jurista, tras acusar al Gobierno y su entorno de propiciar la eliminación no solo del control constitucional sino también del control de legalidad denunciando a jueces cuyo "pecado", ironizó, es cumplir con la ley.

Y es que la situación del Constitucional se añade a la reciente suspensión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, aprobada por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados de Bolivia, una decisión pendiente de ratificación o revocación en el Senado, que controla la oposición.

En numerosas ocasiones, Morales ha acusado al Poder Judicial de corrupción y a sus miembros de ser afines a los partidos que los nombraron en anteriores legislaturas, críticas que los magistrados siempre han rechazado.