Los gobiernos estatales de la frontera
y la Patrulla Fronteriza aguardan la decisión de la Casa Blanca -que
no parece tener prisa- sobre el eventual envío de la Guardia
Nacional para reforzar las tareas de vigilancia en la zona.

Desde hace varias semanas, los departamentos de Defensa y de
Seguridad Nacional (DHS) evalúan todas las opciones sobre la mesa,
aunque tienen muy en cuenta la petición que realizaran los gobiernos
de estados fronterizos para reforzar la vigilancia en la zona.

"La revisión que iniciamos hace varias semanas continúa en pie.
Los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional continúan
evaluando todas las opciones", dijo el martes una fuente del DHS,
que pidió el anonimato porque no está autorizado para hablar del
asunto.

"Lo que se pretende es estudiar todas las opciones para
incrementar el apoyo de EEUU a los esfuerzos del presidente
(mexicano) Felipe Calderón para combatir a los carteles de la droga
mexicanos, y el flujo ilegal de drogas, armas y dinero en efectivo
en la frontera suroeste", explicó la fuente.

Precisó, no obstante, que esas opciones incluyen el despliegue de
miembros de la Guardia Nacional aunque "los departamentos no han
hecho una recomendación final sobre esta opción".

Una vez que ambas agencias den esa recomendación, la decisión
estará únicamente en manos del presidente Barack Obama.

La semana pasada, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet
Napolitano, indicó que la Casa Blanca no está ni cerca de finalizar
su evaluación, aunque "se ha completado la mayor parte".

En declaraciones recientes al diario "The Houston Chronicle", el
nuevo "zar" de la frontera, Alan Bersin, dijo que si finalmente hay
un despliegue militar, sería para "respaldar" a las autoridades
policiales en la zona.

Tampoco Bersin quiso poner fecha en el calendario, aunque dijo
que tanto Napolitano como la Casa Blanca tendrán muy en cuenta la
solicitud de los gobiernos de California, Arizona, Texas y Nuevo
México.

A esos gobiernos estatales, que afrontan grandes presiones
presupuestarias, les interesa que la Casa Blanca dé luz verde a la
Guardia Nacional, para que sea el Gobierno federal el que asuma una
mayor parte de la vigilancia fronteriza.

Al igual que en mayo de 2006, cuando el entonces presidente
George W. Bush autorizó el envío de hasta 6.000 miembros de la
Guardia Nacional a la frontera con México por dos años, las labores
de los soldados estarían limitadas a ayudar a la Patrulla Fronteriza
en las tareas de vigilancia.

Esas tareas incluyen la inspección de vehículos en puntos
fronterizos, para evitar el trasiego de armas o dinero desde EEUU a
México, que alimentan la narcoviolencia y ha sido una queja perenne
de las autoridades mexicanas.

Bajo el mandato Bush y para aplacar a grupos pro-inmigrantes, las
autoridades siempre insistieron en la Guardia Nacional cumpliría
tareas de logística y apoyo a los agentes fronterizos, sin autoridad
para arrestar a inmigrantes indocumentados.

A principios de marzo pasado, Obama dijo que no estaba interesado
en la "militarización" de la frontera, pero desde entonces no ha
vuelto a pronunciarse en público sobre el tema.

El asunto es de alta sensibilidad en México, donde las
autoridades consideran que tanto la Oficina de Inmigración y Aduanas
(ICE) y la del Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) son
la herramienta más eficaz para desmantelar a las bandas del crimen
organizado en la zona.

En todo caso, el plan de contingencia que viene estudiando el
Gobierno de Obama ya está presupuestado dentro de un proyecto de ley
de gastos suplementarios para la guerra en Irak, que incluye hasta
350 millones para "operaciones antinarcóticos y otras actividades"
en la frontera sur.

Ese monto, que otorgaría a Obama mayor flexibilidad para
responder a la narcoviolencia en la frontera sur, estará disponible
hasta finales del año fiscal 2010.

La cifra es independiente del destinado a la Iniciativa Mérida,
un plan de seguridad regional dotado de 1.400 millones de dólares
para ayudar a México y Centroamérica a combatir el narcotráfico en
los próximos tres años.