La Coalición Nacional Latina de Ministros Cristianos (CONLAMIC) reiteró su llamado a la comunidad indocumentada a no participar del Censo de 2010, hasta que no se apruebe una reforma migratoria.

El presidente de CONLAMIC, reverendo Miguel Rivera, salió al paso al Censo y a la Asociación de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) que repudiaron la convocatoria al boicot de la organización religiosa, que representa más de 20.000 iglesias evangélicas en 34 estados de EEUU, en los cuales estiman que el 30 por ciento de sus feligreses es indocumentado.

El director ejecutivo de NALEO, Arturo Vargas, la calificó de "irresponsable" y el portavoz del Censo, Raúl Cisneros, indicó que el trabajo de esta oficina es contar a los residentes y no preguntar su estatus migratorio.

Rivera señaló a Vargas y Cisneros que cerca de cumplirse los primeros cien días del presidente Barack Obama continúan los arrestos y agresiones en comunidades de mayoría hispana, como resultado del programa federal 287g, que capacita a agentes del orden locales y estatales en la identificación y procesamiento para su deportación de inmigrantes con antecedentes penales.

"Una moratoria indefinida del plan 287-g, en los 63 condados donde ha sido implantado, sería una muy buena motivación para los residentes legales y ciudadanos que simpatizan con una reforma migratoria, para participar del Censo", afirmó.

Rivera se reiteró además en que la oficina del Censo "es exactamente lo que hemos dicho, una "vaca sagrada" que representa 3.000 dólares por persona en beneficios económicos para las comunidades.

"De esos fondos públicos se usan para contratar policías entrenados y facultados por el programa 287g para perseguir, arrestar y dividir familias de inmigrantes indocumentados para luego deportarlos", argumentó.

"Ese es el resultado obvio de los beneficios económicos del Censo para miles de inmigrantes indocumentados", reiteró el presidente de CONLAMIC, cuya llamado al boicot ha generado controversia entre varias organizaciones.

Rivera puso además en duda que la información obtenida por los empleados del Censo se mantenga en confidencialidad.

"No existe garantía alguna que un trabajador temporero del Censo 2010 y miles de sus colegas, sean sancionados de por vida para garantizar dicha confidencialidad", afirmó Rivera, quien ha dicho que si los 12 millones de indocumentados son buenos para ser contados, también deberían ser buenos para ser legalizados.

"Solamente con leer el estudio de la Universidad de Fordham y las declaraciones del congresista Mike Honda (D-California) en relación a los campos de concentración de japoneses-americanos (1940) y los árabes-americanos (2004), evidencian la deficiencia de 'confidencialidad' institucional", dijo y agregó que una vez termina el Censo los resultados son de consumo público.

Sostuvo que los resultados y data del Censo se convierten en "capital político para politiqueros oportunistas", que arremeten contra los indocumentados con leyes anti-inmigrantes que polarizan las comunidades y citó como ejemplo los casos ocurridos en Riverside Nueva Jersey, Farmers Branch en Texas y Oklahoma.

En sus argumentos a NALEO y el Censo, Rivera destacó además que la amenaza de multas por no participar del Censo "es la más ridícula e insultante".

"El Congreso de EEUU no tiene fuerza moral alguna para exigir cien dólares por concepto de multa por quien está siendo víctima de la ausencia de una legislación que permita resolver su estatus migratorio", señaló.

"La necesidad de contar 12 millones de indocumentados para el beneficio común y lograr resultados del Censo que sean equitativos en sus beneficios y sobre todo, números íntegros que representan todos los residentes en este país obliga al Congreso a aprobar una ley de reforma migratoria antes del 31 de diciembre de 2010", sostuvo.