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Caracas ordena retorno embajador en Perú

Asilo peruano a opositor venezolano puso en jaque relación entre ambos países.

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El Gobierno venezolano ordenó el lunes el
retorno de su embajador en Perú e inició la "evaluación integral" de
sus relaciones con ese país en "protesta" por la concesión de asilo
político al líder opositor Manuel Rosales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado
que la decisión del Gobierno de Perú de concederle asilo político a
Rosales "constituye una burla contra el Derecho Internacional, un
duro golpe a la lucha contra la corrupción y un agravio contra el
Pueblo de Venezuela".

El Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, argumentó que
"a pesar del cúmulo de pruebas" sobre los presuntos actos de
corrupción imputados al ex gobernador del estado de Zulia, "el
Gobierno del Perú decidió otorgarle el asilo político".

"En vista de lo anterior", indicó el comunicado, el Gobierno deVenezuela "ha decidido, en señal de protesta, el retorno inmediato a
Caracas de su Embajador en Lima, la suspensión de los trámites
conducentes al traslado del Embajador recientemente designado ante
el Gobierno de la República del Perú, y el inicio de una fase de
evaluación integral de sus relaciones con el Gobierno de ese país".

Caracas anunció el pasado viernes que Lima había otorgado el
beneplácito a Arístides Medina como nuevo embajador de Venezuela en
Perú, y que el diplomático viajará "en los próximos días" a ese país
para asumir el cargo.

El Gobierno de Perú concedió hoy asilo político a Rosales, que se
ha declarado un "perseguido político" del Gobierno de Chávez, en
momentos en que el canciller venezolano, Nicolás Maduro, le exigía
que capturara y devolviera al alcalde de Maracaibo.

Maduro recordó este lunes que el pasado domingo Caracas consignó
a la Interpol de Perú toda la documentación para sustentar su pedido
de captura de Rosales, acusado de "enriquecimiento ilícito" entre
2002 y 2004, cuando era gobernador de Zulia.

El canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, anunció que
la decisión del Gobierno de Alan García tenía vigencia indefinida y
se basaba en razones humanitarias, y dijo confiar en que no dañaría
las relaciones bilaterales.