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Portal de descarga violó propiedad intelectual

Condena a "The Pirate Bay" a un año de cárcel.

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La justicia sueca condenó el viernes a los
cuatro responsables del portal "The Pirate Bay", uno de los
principales en el mundo para intercambiar y descargar archivos, a un
año de cárcel y a pagar una indemnización de 30 millones de coronas
(2,7 millones de euros) por violar la ley de propiedad intelectual.

La sentencia unánime hecha pública el viernes por un juzgado de primera
instancia de Estocolmo considera a Fredrik Neij, Peter Sunde,
Gottfrid Svartholm Warg y Carl Lundström cómplices de un delito
contra la ley de derechos de autor, y acepta la tesis de la Fiscalía
de que proporcionando la tecnología necesaria, el portal facilitaba
la descarga ilegal de archivos.

La defensa había pedido la absolución porque los acusados sólo
habían suministrado una herramienta -la tecnología "bit torrent"-
que no es ilegal y porque la decisión de descargar material
protegido era exclusivamente de los usuarios.

Los jueces consideraron que el hecho de facilitar esa tecnología,
así como un rastreador ("tracker") para permitir el contacto con
otros usuarios, "funciones de búsqueda bien desarrolladas" y
"posibilidades sencillas para cargar y descargar archivos" promovía
un intercambio que constituye "una transferencia ilegal al público
de prestaciones protegidas por derechos de autor".

Los acusados tenían conocimiento de que se intercambiaba material
protegido en su web y trabajaban como un "equipo" para mantener y
desarrollar el portal, dirigido "con fines comerciales y de forma
organizada", hechos que según la sentencia refuerzan de "forma
objetiva" la idea de complicidad con el delito.

El tribunal considera necesario compensar a la industria
audiovisual, cuyos derechos fueron usados de forma ilegal.

La acusación particular, que agrupa a multinacionales como Warner
Bros, MGM, Sony BMG y Universal, había solicitado 100 millones de
coronas suecas (unos 9,2 millones de euros), pero los jueces
decidieron reducir a la tercera parte la indemnización, "de acuerdo
a las circunstancias del proceso".

La defensa calificó aun así la cifra final de "gigantesca"
comparada con la práctica habitual, denunció presiones políticas
sobre los jueces y anunció que la sentencia sería apelada.

Los acusados, con edades comprendidas entre los 24 y los 48 años,
recibieron hoy el apoyo del Partido Pirata (PP), una agrupación
política partidaria del libre intercambio de archivos en Internet y
que concurrirá a las próximas Elecciones Europeas en Suecia.

Christian Engström, candidato del PP, denunció la ilegalización
del portal, un "embajador exitoso" de su país y un "tesoro
cultural", y criticó a los políticos por estar más preocupados por
frenar el progreso que por representar a la población.

La Oficina Antipirata Sueca, que agrupa a distribuidores y
productores de películas, calificó en cambio la sentencia de
"positiva" y señaló que envía una "clara señal" a todos los que
utilizan "The Pirate Bay" y servicios similares.

Las posibles consecuencias de una sentencia condenatoria de este
portal, que cuenta con entre 22 y 25 millones de usuarios y se
proclama a sí mismo el mayor rastreador mundial de "bit torrent",
han estado presentes durante todo el proceso judicial.

Servidores similares a "The Pirate Bay" o portales como Google,
YouTube o Myspace pueden verse perjudicados en el futuro, como
alertó Peter Sunde, uno de los acusados, en el juicio.

La sentencia culmina un proceso iniciado en 2005, cuando la
Fiscalía abrió un caso contra la web, nacida en Estocolmo en 2004.

La Policía sueca detuvo en mayo de 2006 a tres de los acusados en
una redada en la que se confiscaron todos los servidores.

Los cuatro responsables fueron acusados formalmente en enero de
2008, aunque el juicio, el primero en ser retransmitido de forma
íntegra por Internet en Suecia, no comenzó hasta un año después.

El Parlamento sueco aprobó hace dos meses una nueva ley contra el
intercambio ilegal de archivos en Internet que permite al poseedor
de los derechos intelectuales de una obra pedir a un tribunal que
obligue al servidor a desvelar la identidad oculta tras una
dirección IP que ha compartido archivos de forma ilegal.