Más de 200 personas, entre las que se
incluyen políticos, ex autoridades, policías y militares, fueron el lunes
llamados a declarar ante la Comisión de la Verdad de Ecuador, que
investiga crímenes de Estado, desapariciones y abusos de poder
ocurridos en el país en los últimos 30 años.

Los comisionados Julio César Trujillo y Pedro Restrepo
presentaron en una rueda de prensa la lista de 213 personas, a las
que solicitan información que permita esclarecer los supuestos
abusos cometidos por Gobiernos anteriores.

En la lista figuran 46 civiles, incluidos políticos, como el
alcalde de la ciudad portuaria de Guayaquil, Jaime Nebot

Asimismo, en la lista se incluyen más de 90 policías y más de 70
militares, cuyas versiones son consideradas "valiosas" para los
comisionados, que prevén presentar un informe de sus investigaciones
el 30 de junio próximo.

Trujillo precisó que la Comisión de la Verdad no tiene la calidad
de "fiscal o juez" y que, en consecuencia, su trabajo es investigar
los hechos y emitir un informe "objetivo e imparcial".

Las personas invitadas a declarar, cuya comparecencia es
voluntaria, aseguró Trujillo, podrían "aportar datos que lleven a un
mejor conocimiento de la verdad".

Además, dijo que en las próximas semanas podría anunciarse una
nueva lista de personas a quienes la Comisión les pedirá que
declaren por las necesidades que surjan en el proceso de
investigación.

Trujillo explicó se investigan unos 250 casos relacionados con
abusos de ex autoridades y que las declaraciones de las personas
citadas, tendrán el carácter de reservadas, por seguridad de los
declarantes.

La investigación, añadió, ha revisado miles de documentos que han
sido desclasificados por el Gobierno provenientes de instituciones
públicas y de las fuerzas del orden.

Además, el comisionado precisó que la presentación de la lista no
tiene "ninguna vinculación" con el proceso electoral que vive
actualmente el país, de cara a las elecciones generales del próximo
26 de abril.

El Gobierno del actual presidente, Rafael Correa, creó la
Comisión de la Verdad para investigar crímenes de Estado y abusos
que pudieran haber cometido en los Gobierno de las tres últimas
décadas, especialmente en el del recientemente fallecido León Febres
Cordero (1984-1988), en el que se denunciaron desapariciones,
crímenes y abusos.

Se prevé que en el informe final se hará el recuento de delitos
como ejecuciones extrajudiciales, homicidios y muertes bajo
custodia, desapariciones forzadas y torturas en manos de la fuerza
pública.

La Comisión, además de los miembros principales, está integrada
por 40 investigadores profesionales y cuenta, para su trabajo, con
recursos por un millón de dólares, financiados por el Estado.