Una coalición pro-inmigrante apoyó hoy con 38.000 firmas la decisión del Departamento de Justicia de investigar los presuntos abusos del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, contra los indocumentados hispanos.

La organización America's Voice aplaudió la decisión del Departamento de Justicia de llevar a cabo la investigación a Arpaio por presuntas prácticas "discriminatorias" y "anticonstitucionales" contra los hispanos en su condado.

America's Voice junto con otras cinco organizaciones, entre ellas, Organizaciones Comunitarias para la Reforma (ACORN) y United Farm Workers presentaron las 38.000 firmas hoy ante el Departamento de Justicia, apoyando la investigación.

El Departamento de Justicia confirmó a Efe que la División de Derechos Civiles ha comenzado con las pesquisas junto con la oficina del fiscal de Arizona.

El Departamento de Justicia envió una carta el martes a Arpaio notificándole el inicio de una investigación que se centrará en las supuestas prácticas "discriminatorias" e "inconstitucionales" realizadas en esta comisaría, y de "discriminación por país de procedencia".

Arpaio se ha hecho "célebre" en el condado de Maricopa por su lucha sin cuartel contra los indocumentados hispanos, el narcotráfico y las condiciones en la que mantiene a los presos en la cárcel formada por tiendas de campaña, en una de las peores áreas de las afueras de Phoenix.

El portavoz de America's Voice, Paco Fabián, dijo a Efe que espera que "salgan a la luz los hechos de cómo (Arpaio) ha violado los derechos civiles de los ciudadanos hispanos en su condado".

Agregó que las acciones del alguacil "son el mejor ejemplo de por qué el gobierno federal tiene que retomar el control de las leyes migratorias".

Los grupos han pedido también que se revoque a Arpaio la autoridad que le concede el programa 287 (g), que permite a los policías locales colaborar con las autoridades federales para aplicar las leyes migratorias.

Según America's Voice, el 95 por ciento de los departamentos de policía locales han optado por no acogerse al plan "porque creen que permitir que la policía aplique leyes migratorias genera temor entre la comunidad y deja incluso de informar sobre crímenes por miedo a la policía".

La organización recuerda algunas de las humillaciones a las que han sido sometidos los presos que han pasado por la cárcel de Arpaio, a quienes les obliga a vestir ropa interior rosa y les pasea por el pueblo con grilletes.

Entre 2004 y 2007 se han presentado 2.700 denuncias contra el alguacil, según American's Voice, que indica que mientras su comisaría se concentra en "perseguir sospechosos de ser indocumentados", hay más de 40.000 órdenes de arresto sin atender contra criminales.

En una conferencia de prensa el martes, Arpaio aseguró en Arizona que continuará aplicando las leyes federales y estatales de inmigración a pesar de la investigación del Departamento de Justicia.

"No tenemos nada que ocultar, les abriremos las puertas y los dejaremos que hablen e investiguen todo lo que quieran", aseguró Arapio en una conferencia de prensa.

"No me voy a dejar intimidar por la políticos y el Departamento de Justicia", aseguró Arpaio quien afirmó que la investigación está "motivada por intereses políticos".

El alguacil, conocido también como "el sheriff más duro del oeste", es la única autoridad en Arizona en aplicar la ley estatal anti-coyote, la cual permite el encarcelamiento de inmigrantes indocumentados que admiten haber pagado una suma de dinero a los contrabandistas de seres humanos.

Asimismo ha llevado a cabo varias redadas en contra de negocios que son sospechosos de contratar inmigrantes indocumentados bajo la ley estatal de sanciones de empleadores.

Activistas y políticos de Arizona como el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, han criticado estas acciones calificándolas como prácticas de perfil racial en contra de la comunidad hispana.

"Hace un año que comencé a cuestionar posibles violaciones a los derechos civiles por parte de la oficina del alguacil Arpaio, en contra de ciudadanos americanos, veteranos de guerra e inmigrantes de cada estatus legal, basado solamente en el color de su piel. Estamos satisfechos con la actitud del Departamento de Justicia", dijo Gordon, en un comunicado de prensa.