ST, JOHN’ S, Antigua -- Cuando Robert Allen Stanford llegó a esta localidad a principios de los 1990, pocos de sus habitantes habían oído hablar de él. Hoy, domina tantos aspectos de la vida de esta soleada isla caribeña, a la que algunos les ha dado por llamar “la tierra de Stanford”.

Sin embargo, la joya de la corona de su dominio ha sido desde hace mucho el Banco Internacional Stanford, una institución ubicada en un paraíso fiscal que atrajo miles millones de dólares en efectivo de clientes de todo el mundo -- y especialmente de América Latina -- que buscaban un paraíso para sus riqueza.

Todo el tiempo, él cultivó una relación relajada con los funcionarios antiguanos. El Banco dio préstamos al Gobierno antiguano, que con frecuencia usó el dinero para otorgarle a sus compañías lucrativos contratos de construcción. Para limpiar la imagen del país de ser un paraíso fiscal arriesgado, las autoridades lo colocaron en una nueva autoridad regulatoria para supervisar los bancos, incluidos el suyo.

A pesar de cierta inquietud e investigaciones ocasionales sobre Stanford -- o Sir Allen, como lo llaman en la isla desde que fue armado caballero por el Gobierno antiguano en 2006 --, su influencia siguió aumentando. Es decir, hasta esta semana, cuando la Comisión de Valores y de la Bolsa (SEC en inglés) acusó al Internacional Stanford de instrumentar un fraude enorme con el que pudo haber estafado a los inversionistas con unos ocho mil millones de dólares que los reguladores dicen no están justificados. La compañía está canalizando todas las llamadas a la SEC.

No fue posible localizar a Stanford de 58 años, al que no le han levantado cargos por ningún comportamiento ilegal. El viernes, sus problemas aumentaron ya que los funcionarios antiguanos confiscaron su banco después que le embargaron sus operaciones en otras partes del mundo.

Stanford International dice que tenía unos ocho mil millones de dólares en activos, pero la Comisión de Valores y de la Bolsa sólo ha dicho que no ha podido explicar ese dinero. La mayoría de los principales actores, incluido Stanford, no se presentó a declarar cuando la SEC emitió un citatorio.

La aclaración del imperio de Stanford ha dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué sucedió con el dinero de los inversionistas que supuestamente se colocó en activos de alta calidad? ¿Hasta qué punto sus esfuerzos por buscar los favores de los políticos en la isla -- y en Estados Unidos, donde contribuyó con donaciones a muchos congresistas -- le ayudaron a eludir el escrutinio serio a pesar de las sospechas en torno a sus actividades pasadas? ¿Y cuál fue la naturaleza del fraude que se alega -- un fraude de títulos de valores simples, como ha acusado la SEC; un plan al estilo Ponzi, o, dada la historia de algunos bancos caribeños ubicados en paraísos fiscales, también estaba implicado el lavado de dinero?

Nacido en Mexia, Texas, una ciudad pequeña de 6,600 habitantes a unas 85 millas al sureste de Dallas, dice haber ubicado la sede de su compañía, Stanford Financial Group, en una aseguradora iniciada por su abuelo Lodis Stanford durante la Depresión.

La primera incursión de Stanford en los negocios, no obstante, estuvo muy alejada de las finanzas. Comenzó con una cadena de gimnasios de físicoculturismo en Waco, Texas. Posteriormente, dijo haber hecho gran parte de su fortuna en los 1980 comprando propiedades secuestradas seleccionadas en Houston.

Un ex empleado de Stanford comentó que mientras algunas propiedades, como las de la zona elegante de River Oaks en Houston, le permitieron ganar dinero, muchas otras terminaron como quiebras.

Así que cuando, en 1996, Stanford decidió iniciar su primer banco en un paraíso fiscal, el Guardian International Bank, en la isla caribeña de Montserrat, recurrió a su padre, James Stanford, para conseguir entre dos millones de dólares y cuatro millones de dólares en capital semilla, según el ex empleado, quien rechazó ser nombrado debido a que no quiere que lo inmiscuyan en las investigaciones en curso.

Guardian International buscó a personas y compañías acaudaladas en México, Venezuela y Centroamérica, donde la gente estaba ansiosa por mover el dinero a un paraíso fiscal debido a las regulaciones onerosas y los regímenes políticos.

A principios de los 1990, el Gobierno de Montserrat tomó medidas enérgicas contra diversos bancos extraterritoriales. El Guardian quedó fuera.

Rápidamente, Stanford puso la vista en el territorio al que pronto llamaría hogar, Antigua. Su presencia en la islita, con una población de 85,000 habitantes, empezó a adquirir forma cuando Lester Bird, a la sazón el primer ministro, lo percibió como un estadounidense con actitud de sí se puede, con dinero abundante que podría ayudar a resolver la miríada de problemas de Antigua. Cuando el Banco de Antigua tuvo dificultades en 1990, por ejemplo, Stanford intervino para hacerse cargo de él.

Y cuando Estados Unidos empezó a presionar al Gobierno a finales de los 1990 para que adoptara un mano más firme sobre el presunto lavado de dinero, Bird volvió a pedirle ayuda a Stanford.

El Gobierno integró un consejo consultivo bancario y puso a Stanford ahí, una acción que alarmó a las autoridades estadounidenses que investigaban a Antigua ya que veían un conflicto de intereses inherente porque el consejo también supervisaba al banco de Stanford. El Gobierno antiguano pagó por el proyecto, ya fuera por dinero prestado o subvencionado por Stanford.

Diversos reguladores y organismos ya estaban inquietos debido a Stanford. Más o menos en 1998, envió una carta a Jeanette Hyde, entonces embajadora estadounidense en Antigua, en la que decía que numerosas dependencias lo habían investigado en el transcurso de los años. Así como, que ninguna había encontrado nada, una reivindicación que mostraba que era un ciudadano respetuoso de la ley.

En todo caso, aumentaron las inquietudes sobre Antigua y la presencia de Stanford allí. En 1999, dio al Departamento Estadounidense Antidrogas un cheque de caja por 3.1 millones de dólares del Stanford Financial en Antigua después de que el banco encontró que un ex capo de la droga mexicano había ocultado o lavado dinero allí. No obstante, el mismo año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso a Antigua en su lista para observar lavado de dinero.

Más o menos al mismo tiempo, Stanford y su compañía con sede en Houston, el Stanford Financial Group, entraron de sopetón en el escenario como actores de la política federal. La Casa Blanca estaba impulsando una legislación para hacer que los bancos tomaran medidas enérgicas contra el lavado de dinero, así que Stanford contrató a una firma de cabildeo de Washington y empezó a donar cientos de miles de dólares a republicanos y demócratas por igual.

El repentino torrente de dinero atrajo la atención de Public Citizen, la que señaló a Stanford en particular como un estudio de caso de la influencia de las donaciones a las campañas en el diseño de la legislación. Public Citizen concluyó que estaba “claro” que las contribuciones de Stanford “estaban orientadas a liquidar las cuentas”, aunque una ayuda más amplia resultó innecesaria porque los republicanos tejanos simplemente la bloquearon en ambas cámaras. (Después de los ataques terroristas de 2001, el Congreso revivió y aprobó las propuestas sobre el lavado de dinero. Entre tanto, el Gobierno de Antigua había reestructurado el panel para la reforma e hizo una versión nueva de sus regulaciones bancarias a satisfacción de Washington, lo que permitió que se eliminara su nombre de la lista de observación ese mismo año.)

No obstante, Stanford mantuvo su acercamiento con Washington. De 1999 a 2008, el Stanford Financial Group dio unos 4.8 millones de dólares para actividades de cabildeo, y gastó 2.2 millones de dólares de eso tan sólo en 2008, muestran los registros del Senado.

Los empleados de Stanford Financial, así como su comité acción política han dado 2.4 millones de dólares a candidatos federales desde 2000, según el Center for Responsive Politics.

Stanford también buscó el apoyo de legisladores y de su personal con paseos en avión y viajes “de investigación” a centros vacacionales. Muchos de los cuales los pagó el Inter-American Economic Council, una organización sin fines de lucro al que apoyó.

En los últimos días, algunos legisladores han buscado distanciarse de Stanford. Entre ellos está el senador demócrata por Florida, Bill Nelson, quien recibió más dinero de Stanford y sus empleados que cualquier otro legislador: 45,900 dólares, según el Center for Responsive Politics. La oficina de Nelson dijo que se donaría el dinero a la beneficencia.