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Comienza proceso por los "petroaudios" en Perú

La fiscalía denunció el viernes a ocho personas por interceptación telefónica.

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La fiscalía de Perú denunció el viernes a ocho
personas, entre ellas a marinos en actividad y en retiro, por
interceptación telefónica en el denominado caso de los
"petroaudios", que provocó una crisis ministerial a fines del año
pasado.

La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, ofreció una rueda de
prensa para anunciar la denuncia abierta también por el delito de
asociación ilícita para delinquir contra los marinos en retiro Elías
Ponce, Carlos Tomasio y Jesús Tirado.

La denuncia también cobija a los suboficiales de la marina Martín
Fernández y Jesús Ojeda, y a la ciudadana Giselle Giannotti.

Todos fueron detenidos el pasado 8 de enero en Lima y formaban
parte de la empresa privada de seguridad Business Track, que
aparentemente fue la responsable de grabar las conversaciones de una
serie de funcionarios del Estado y allegados a la empresa Discover
Petroleum, ganadora de una licitación de lotes petroleros en octubre
pasado.

Las grabaciones, conocidas como los "petroaudios", revelaron
negociaciones bajo la mesa para que Discover gane la licitación con
el presunto aval de los organismos estatales a cargo de la
adjudicación.

A raíz de ese escándalo, el gabinete del entonces primer ministro
Jorge del Castillo renunció por la presunta responsabilidad de
varios de sus ministros en las irregularidades.

Sin embargo, la prensa local reveló que Business Track tenía
correos electrónicos y grabaciones de conversaciones telefónicas de
diversos ministros, empresarios, políticos y congresistas, que
ofrecía en venta.

La fiscal de la Nación agregó que dos trabajadores de una empresa
que presta servicios a Telefónica del Perú, Alberto Oswaldo Salas
Cortez y Pablo Martel Espinoza, también fueron denunciados por los
mismos delitos.

Echaíz precisó que han sido incautados documentos donde se
fijaban las tarifas que cobraban por las interceptaciones
telefónicas y facturas de la compra de los equipos utilizados para
el espionaje de hace nueve años.

La policía sólo ha avanzado en verificar el ocho por ciento de
toda la información incautada en discos de computadora y unidades
portátiles (USB), motivo por el cual la fiscalía ha solicitado más
tiempo para concluir con las investigaciones.

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