Su nombre fue identificado como el de un “inmigrante ilegal” cuando la policía del transporte público (SEPTA) lo detuvo justo el Día de Reyes.

Se trata de José Armando Cázares, de 32 años de edad, mexicano que vivía en el sur de Filadelfia y que ahora espera su deportación en el Centro de Detención para Inmigrantes de York.

Desde ahí él contó su versión de lo que ocurrió a la 1:30 p.m. del pasado martes seis de enero.

“Venía de asegurar un negocio que iba a abrir cuando me paró una patrulla de SEPTA en las calles Lehigh y Frankford”, dijo. “El policía me pidió mis papeles, me preguntó si tenía seguro social”.

Dado su estatus migratorio, Cázares no cuenta con licencia de manejo, argumento que usaron los policías para detenerlo, de acuerdo a lo que él dijo a AL DÍA.

Cázares admitió contar con antecedentes previos: una infracción de tránsito y una instancia de violencia doméstica.

“Pero fui a la Corte en las ocasiones que me citaron. He pagado mis multas. No he tenido problemas en cuatro años y medio”, dijo.

Lo que ahora le preocupa a Cázares es el dejar a su esposa y sus hijos sin sustento.

“Yo por eso ya me quiero salir de aquí para regresarme a México”, dijo.

Él describió su situación como desesperante.

“Por eso ya pedí mi deportación, para que sea lo más pronto posible”, dijo.

La Policía de SEPTA, a través de su vocera Sylvana Hoyos, reconoció la detención.

“Lo detuvieron por conducir de manera negligente”, dijo. “Cuando ingresaron su nombre en la base de datos del Centro Nacional de Información sobre el Crimen, se les indicó que se trataba de un inmigrante ilegal”.

Como agencia del orden público, indicó Hoyos, la policía de SEPTA se ve obligada a cooperar con las autoridades de inmigración cuando detienen a un indocumentado.

“Nosotros no tenemos nada que ver con la aplicación de las leyes migratorias”, dijo. “Pero cuando la agencia nos pidió que se le transportara, no podemos mas que hacer eso”.

Para Wendy Hess, aboga experta en asuntos migratorios, situaciones como la de Cázares indican el riesgo que corren los inmigrantes que conducen sin licencia de manejo.

“Ellos tienen que ser un ángel tras el volante, porque a la más mínima infracción pueden terminar deportados”, dijo.

A este respecto, Mark Medvesky, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijo que la agencia tiene una colaboración con los departamentos de policía locales.

“Cuando los agentes de policía creen que tienen en su custodia a alguien a alguien que pudiera estar en el país de manera ilegal, ellos pueden pedir la ayuda de ICE para determinar su estatus”, dijo.

El portavoz especificó que no hay departamentos de policía que operen bajo el lineamiento 287(g) en la región de Delaware y Pennsylvania.

El 287 (g) es un programa que se origina de la Ley para la Reforma a la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996.

En ella se establece la cooperación a través de un acuerdo entre agencias del orden local, a quienes el bando federal les delega funciones para la aplicación de cuestiones migratorias.

Cázares dijo “a mí lo que me importa es que la raza sepa cómo está la situación en la calle para que anden con cuidado”.

Detenciones como la de él han comenzado a ser más habituales, como indica Zacarias Steele, organizador comunitario de Juntos/Casa de los Soles.

“Hemos llevado un registro de lo que ha estado pasando y desde junio hemos visto un incremento en estos reportes”, dijo. “En promedio tenemos uno por semana”.

Es por eso que él, en conjunto con otros voluntarios, han comenzado a impartir cursos sobre qué deben hacer las personas que sean detenidas por infracciones de tránsito.

“Debemos educar a la comunidad para que sepan sus derechos bajo estas circunstancias”, dijo.

Una de estas sesiones será en la iglesia Holly Innocence, que se encuentra en el número 1337 E Hunting Park, en el norte de Philadelphia.