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En marcha reforma agraria en Paraguay

En su primera etapa incluye la redistribución de tierras y la asistencia a 5.500 familias.

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El Gobierno de Paraguay puso el lunes en
marcha el plan de reforma agraria nacional, que incluye en su
primera etapa la redistribución de tierras y la asistencia integral
para unas 5.500 familias de seis de los 17 departamentos.

El ministro del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la
Tierra (Indert), Alberto Alderete, explicó que el proyecto incluye
además la construcción de caminos, puentes y de puestos de salud y
escuelas.

La presentación del plan de reforma agraria, que también incluye
la distribución de alimentos y de semillas, se llevó a cabo en el
departamento de San Pedro (centro), la región más pobre del país y
en donde esa ayuda beneficiará a unas 3.400 familias.

"Para que la reforma agraria no sea una repartición de tierras
hemos creado un espacio de coordinación en donde estén los
organismos públicos y ministerios que tienen que estructurar planes
de desarrollo para acompañar la entrega de tierras", precisó
Alderete.

Esas tareas serán coordinadas, además del Indert, por los
ministerios de Agricultura y Ganadería, Obras Públicas, Salud,
Educación y Cultura, así como por la Administración Nacional de
Electricidad, el Consejo Nacional de la Vivienda y la Secretaría de
Acción Social, entre otros.

El lanzamiento del proyecto se llevó a cabo el mismo día en que
la Presidencia emitió un comunicado para reafirmar que las haciendas
de los colonos y los terratenientes brasileños en las regiones
agrícolas serán resguardadas de las amenazas de ocupaciones de los
"sin tierra".

Se calcula que unos 300.000 brasileños, muchos de ellos con
grandes explotaciones agrícolas, viven en Paraguay a lo largo de la
extensa línea fronteriza con su país.

La mayoría se dedica al cultivo de soja, principal fuente de
divisas de Paraguay.

En varias regiones agrícolas del país, cientos de "sin tierra" se
mantienen acampados alrededor de las haciendas y fincas agrícolas
bajo amenaza de ocuparlas si el Gobierno no atiende sus reclamos de
acceso a terrenos.

Los campesinos radicalizados argumentan que en el pasado grandes
extensiones de tierra fiscales fueron cedidas a personas no sujetas
a la reforma agraria y que el cultivo mecanizado de soja depreda los
bosques y contamina el medio ambiente con las fumigaciones masivas.

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