El Departamento de Justicia Penal
de Texas (TDCJ) tiene programadas para los primeros tres meses de
este año 13 ejecuciones de reos condenados a muerte, de las cuales,
seis son de hispanos.

El calendario de ejecuciones revela que en el primer mes de 2009
hay programadas ya siete ejecuciones, la primera de las cuales será
la del afroamericano Cortis Moore, para el 14 de enero.

Al día siguiente está pautada la de José García Briseño, quien
fue sentenciado en 1991 por el asesinato del alguacil Ben Murria,
apuñalado en su domicilio.

"Texas está haciendo lo que siempre hace, una serie de
ejecuciones aceleradas sin importar si el sistema ha demostrado
tener errores, que en estos casos son irreversibles", dijo hoy a Efe
el director de la Coalición para la Abolición de la Pena de Muerte
en Texas, Rick Halperin.

Añadió que lo grave no es únicamente el alto porcentaje de
hispanos a los que las autoridades de Texas tienen previsto ejecutar
en los primeros meses del año, sino el número de personas que están
perdiendo la vida a manos del estado.

De acuerdo con el TDCJ, en enero podrían ser ejecutados además de
García y Moore, cinco personas más, entre ellos los hispanos Virgil
Martínez, sentenciado en 1998 en el condado de Barsoria y Ricardo
Ortiz, condenado a muerte en El Paso en 1999.

La portavoz del TDCJ, Michelle Lyons indicó que Martínez fue
sentenciado a la pena capital por el asesinato en 1996 de una mujer,
sus dos hijos y un hombre, en tanto que Ortiz fue condenado en 1997
por asesinar a otro reo, mientras cumplía cárcel por robo, con una
sobredosis de heroína.

A estas ejecuciones siguen en febrero la del hispano David
Martínez, por el asesinato en 1995 en el condado de Bexar de su
novia y el hijo adolescente de ésta.

Para marzo están pautadas la de James Edgard Martínez, condenado
en 2002 en el condado de Tarrant por el asesinato de un hombre y una
mujer que viajaban en un vehículo y Luis Cervantes Salazar, del
condado de Bexar, por el asesinato de una mujer en 1998 de la que
intentó abusar sexualmente, y de herir al hijo de 4 años de la
víctima que presenció el ataque.

Halperin calcula que las ejecuciones programadas para los
primeros tres meses de 2009 hacen pensar que el Texas podría superar
el número de ejecuciones de años anteriores que en 2000 fue de 40,
en 2002 de 33 y en 2007 de 26.

El año pasado el estado inició sus ejecuciones en junio, tras una
moratoria que se extendió desde septiembre de 2007 a abril de 2008 y
tras lo cual el estado suministró la inyección letal a 18 hombres,
entre ellos el mexicano José Ernesto Medellín, ejecutado el 5 de
agosto y el hondureño Heriberto Chi, dos días después.

También fue ejecutado el hispano Michael Rodríguez, el 14 de
agosto, tras renunciar a apelar su caso.

Medellín fue condenado a muerte por el asesinato en 1993,
agravado con asalto sexual y tortura de dos jovencitas menores de
edad en Houston.

La Corte Internacional de Justicia y el gobierno Mexicano pedían
una revisión de su caso al momento de su ejecución, ya que se
violaron los acuerdos consulares de la Convención de Viena de la que
México y EEUU son firmantes, y que obligaba a dar aviso de su
arresto al Consulado mexicano en Houston.

Chi llegó al pabellón de la muerte en 2002 por el asesinato de un
gerente de establecimiento durante un robo a mano armada, mientras
que Rodríguez cumplía una sentencia de cadena perpetua por conspirar
con su hermano para asesinar a su esposa y cobrar el dinero de su
seguro de vida cuando escapó con otros reos y luego se vio envuelto
en la muerte de un policía.

El diario "Dallas Morning News" pidió nuevamente en sus columnas
de opinión una moratoria a la pena de muerte en el estado y citó los
casos de Michael Blair y Charles Hood, como ejemplos de que el
sistema ha fallado.

Blair fue exonerado en 2008 después de 14 años en el pabellón de
la muerte luego de que exámenes de ADN demostraran su inocencia en
el asesinato de Ashley Estel, de siete años, en 1993. Mientras que
en el caso de Hood se han demostrado irregularidades en el juicio,
después de que la jueza y el fiscal aceptaran haber sostenido una
relación sexual durante el proceso.

"Es claro para este rotativo que el sistema judicial no es ni
nunca será a prueba de balas, por lo tanto, la pena de muerte no se
justifica", concluye.

De 1982 a la fecha, el estado de Texas ha ejecutado a 423
reos.