El empresario venezolano Franklin Durán fue declarado el lunes culpable de actuar ilegalmente como agente del Gobierno de su país en el caso del maletín incautado con 800.000 dólares presuntamente destinados a la campaña de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

Un jurado de doce personas emitió su veredicto unánime tras siete días de deliberaciones en el caso que la defensa calificó de "circo político", mientras que la Fiscalía Federal de Estados Unidos negó que el juicio estuviera motivado por la política.

Durán, que afronta una condena máxima de 15 años de cárcel, escuchó el veredicto sin manifestar ninguna emoción, al tiempo que algunos de sus familiares expresaron su pesar.

El empresario fue hallado culpable de los cargos de conspirar y de actuar como un agente de un Gobierno extranjero, el venezolano, para ocultar el origen y destino del dinero confiscado al venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson en Argentina en 2007.

Durán, que siguió instrucciones del general Henry Rangel Silva, director de la Disip (servicio de inteligencia), viajó a Miami para convencer a Antonini Wilson, con quien mantenía amistad de 20 años, que firmara un poder a un abogado en Argentina para resolver el caso en ese país y acallar el escándalo, dijeron los fiscales federales en el juicio.

La defensa pidió un plazo de 60 días a la jueza Joan Lenard, quien presidió el juicio, para presentar la documentación de la apelación."

Para algunos analistas, el llamado "caso del maletín" reveló el "alto nivel de corrupción" en el que habrían incurrido algunos funcionarios de Venezuela y la supuesta injerencia del presidente Hugo Chávez en los asuntos internos de sus vecinos de Latinoamérica.

Durante el juicio, Carlos Kauffmann, socio de Durán y otro de los cinco acusados en el caso, destapó una red de corrupción en la que dijo participaron militares, funcionarios y políticos para obtener millones de dólares mediante sobornos y pagos de comisiones.

Según testimonios escuchados en el juicio, ese dinero procedía de las arcas de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y estaba destinado a la campaña electoral de la hoy presidenta de Argentina, Cristina Fernández.