Luis Fortuño, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), prometió que con su victoria en las elecciones a gobernador de Puerto Rico "el cambio al fin llegó", después de tres años de recesión económica y escándalos de corrupción política.

"Dejamos atrás la pesadilla de los últimos ocho años" de administración del Partido Popular Democrático (PPD) y comienza "un nuevo amanecer", dijo ante miles de seguidores congregados alrededor de la sede del PNP en San Juan.

Poco antes, el gobernador saliente, Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD), aceptó su derrota y proclamó "gobernador electo" a Fortuño cuando apenas se habían contabilizado un 20 por ciento de los votos.

Con una diferencia de 12 puntos porcentuales a favor de Fortuño, Acevedo Vilá reconoció rápidamente la derrota, tal como habían pronosticado las encuestas.

A Acevedo Vilá le ha pasado factura la división política en el Legislativo, la grave situación económica después de tres años de recesión y, en los últimos meses, las acusaciones de corrupción en anteriores campañas electorales.

Las encuestas pronosticaron desde septiembre una cómoda victoria para Fortuño, aunque en las últimas semanas el diferencial se redujo hasta el punto de que los dirigentes del PPD confiaban en un resultado sorpresa.

"Quiero en este momento felicitar al gobernador electo, el señor Luis Fortuño", dijo Acevedo Vilá rodeado de seguidores a las afueras de su partido en San Juan.

"Iniciaremos el proceso de transición como manda la ley", sostuvo antes de agradecer el voto a sus correligionarios.

"Gracias por su compromiso, su confianza, por su lealtad. Fue una batalla dura contra todos los obstáculos imaginables e inimaginables", indicó el todavía gobernador hasta el próximo enero.

Para Acevedo Vilá, acusado por la fiscalía de EE.UU. en el Estado Libre Asociado (ELA) de 24 cargos corrupción por la supuesta financiación ilegal de algunas de sus campañas políticas, han sido cuatro años de duro enfrentamiento político por la sistemática oposición del PNP, con mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes.

Sobre los otros dos candidatos a la gobernación, Edwin Irizarry Mora, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y Rogelio Figueroa, de Puertorriqueños por Puerto Rico, los datos parciales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) indicaban que sacarían menos del 3 por ciento de los votos, por lo que perderían su automática inscripción electoral.

Relajado y risueño, Fortuño se comprometió a dirigir un gobierno "que dé ejemplo, que nos permita vivir en paz y armonía, un gobierno que no tolere la corrupción", garantice "una educación de excelencia y bilingüe", que "proteja nuestros recursos y el medio ambiente" y que alivie el "bolsillo" de los contribuyentes.

Pero, sobre todo, un gobierno "que valore y defienda nuestra ciudadanía americana", agregó Fortuño, quién defiende en relación al estatus político de Puerto Rico la anexión a Estados Unidos en lo que sería el 51 estado de la Unión.

"El pueblo esta noche ha dicho que está cansado de los estilos del pasado, que quiere que nos pongamos a trabajar para resolver sus problemas, no a discutir para resolver los nuestros", añadió.

Fortuño, de 47 años de edad, casado, padre de trillizos y abogado de profesión, ha sido en los últimos cuatro años el representante del Estado Libre Asociado (ELA) ante el Congreso en Washington, donde tiene voz pero sin voto, y formó parte del gabinete del ex gobernador Pedro Rosselló (1993-2001).

A partir de enero, Fortuño afrontará una de las situaciones económicas más delicadas de la historia de Puerto Rico que se halla en recesión desde el año 2006 y que se espera siga con un crecimiento negativo el próximo año.

La inflación de este año ronda el 12 por ciento, el índice de desempleo es del 12,1 por ciento y el endeudamiento de las finanzas públicas ha alcanzado niveles sin precedentes.

La mayoría de economistas y representantes de asociaciones empresariales consideran que con el nuevo gobierno y Legislativo elegidos hoy Puerto Rico está obligado a poner en marcha un plan conjunto de los sectores públicos y privados con el fin de establecer un nuevo modelo económico y un nuevo marco institucional.