La violencia entre los cárteles de drogas se ha trasladado a los penales de México, donde este lunes murieron en un enfrentamiento al menos 21 presos en un centro penitenciario del estado de Tamaulipas, un mes después del asesinato de otra veintena de reos en una cárcel de Tijuana.

A la espera de nuevas versiones oficiales, los primeros informes de las autoridades apuntan a que el motivo del incidente registrado en el Centro de Ejecuciones de Sentencias de Reynosa, ciudad del norte de Tamaulipas fronteriza con McAllen (Estados Unidos), fueron las pugnas internas entre los reclusos.

Así lo informó el secretario de Seguridad Pública (policía) de Tamaulipas, Ives Soberón, que dio las primeras cifras de muertos en el penal, con una población de 2.000 internos, pese a que su capacidad es para 1.500.

Algunos medios aseguran que los cadáveres fueron hallados apilados e incinerados dentro del recinto carcelario, y que dos de los siete módulos permanecen todavía bajo el control de los presos amotinados.

Sin embargo, Soberón indicó a la prensa que la situación en la cárcel ya está controlada.

"El crimen organizado se está peleando el control de los penales" para realizar sus negocios ilícitos, especialmente el tráfico de drogas entre los presos, dijo hoy a Efe Engels López, ex director del Reclusorio Varonil Oriente del Distrito Federal.

En esa cárcel de la capital del país conviven 11.000 reos pese a que su capacidad es para 4.500.

Pero la superpoblación de los presidios en México, donde permanecen encerradas 240.000 personas en un espacio habilitado para 163.867 presos, no es el principal problema.

"En términos generales, los enfrentamientos entre los carteles mexicanos son por el control de las plazas (territorios) y la cárcel es también un lugar de control", dijo.

A esto se suma, según López, la falta de medidas para lograr la readaptación de los reos, sobre todo los que llegan a la cárcel por delitos menores y se vuelven más peligrosos tras permanecer allí muchos meses antes de ser juzgados a causa de la lentitud de la justicia.

Otro problema es la corrupción de los custodios y de la policía mexicana en general.

Se da la circunstancia de que del penal de Tamaulipas, donde hoy hubo una veintena de muertos, se fugaron hace once días 17 reclusos con la colaboración de cuatro custodios, que permanecen prófugos, y por los que las autoridades han ofrecido una recompensa de cinco millones de pesos (unos 384.000 dólares).

Más grave fue lo ocurrido a mediados de septiembre pasado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Mesa, en Tijuana, ciudad fronteriza con San Diego (EE.UU.), cuando un motín derivó en una descontrolada vorágine sangrienta que dejó una veintena de muertos, supuestamente a manos de los celadores.

Además, hubo 59 heridos, 33 por impacto de bala, ocho por "causas desconocidas" y los restantes por fracturas producidas por golpes, se informó entonces.

El incidente sobresalió también por las imágenes de desesperación de los familiares de los presos frente a los muros del penal, reclamando por la integridad de los reclusos, situación que hoy se volvió a repetir en Reynosa.

Hace doce días, en el penal de Topo Chico, en la ciudad norteña de Monterrey, se amotinaron decenas de reos, lo que obligó a la policía a intervenir con armas de fuego y helicópteros.

Al día siguiente, setenta internos fueron trasladados en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a otra prisión de la zona.

Al parecer, esos reos eran rechazados por los demás por su pertenencia a la delincuencia organizada.

Tres días más tarde la asonada se produjo en el Cereso de Cieneguillas, en el estado central de Zacatecas.

En esta ocasión, los internos se alzaron contra los celadores, a quienes acusaron de torturar a 16 compañeros.

La escalada de violencia del crimen organizado, controlado por los cárteles de droga, se ha cobrada este año la vida de aproximadamente 4.000 personas, cuando en 2007 esa cifra llegó a 2.700, según cifras extraoficiales.