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Protestas, muertos y expulsiones diplomáticas en Bolivia

El presidente Evo Morales consideró al embajador de EEUU como persona “non grata”, mientras continuaron las protestas de la oposición.

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Decenas de personas saquearon el miércoles una oficina del Ministerio de Trabajo, en Santa Cruz (Bolivia).

El miércoles, el presidente de Bolivia Evo Morales declaró al embajador estadounidense, Philip Goldberg "persona non grata" y anunció su intención de expulsarlo del país.

La cancillería boliviana informó a Goldberg de la decisión de expulsarlo durante una reunión el miércoles, según el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Sean McCormack, quien consideró que el rumbo tomado por Morales afectará la agenda bilateral, "minará la lucha antinarcóticos y tendrá graves repercusiones regionales".

La decisión del presidente boliviano es "un grave error que ha dañado seriamente la relación bilateral...estamos revisando todos los aspectos de la relación bilateral", dijo McCormack.

Según el Gobierno de Morales, Goldberg tuvo que ver con la violencia generada por la oposición política en ese país.

Bolivia vivía el jueves el tercer día consecutivo de violencia en varias regiones del país, todas controladas por opositores autonomistas que exigen al Gobierno la devolución de rentas petroleras y que se oponen a la nueva Carta Magna que impulsa el mandatario indígena.

El jueves, al menos cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un choque a tiros entre grupos opositores y otros afines al Gobierno boliviano ocurrido en las afueras de la ciudad de Cobija, fronteriza con Brasil.

Se trata del primer cruce de disparos entre grupos de opositores y de seguidores de Morales ocurrido en medio de la ola de protestas que se registra en las regiones del norte, oriente y el sur del país.

El miércoles, grupos de la oposición hicieron explotar parte de una gasoducto, causaron destrozos en oficinas del Gobierno y amenazaron con frenar las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina.

Los disturbios, aparentemente a cargo del Comité Cívico de Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista y otros líderes de la oposición, comenzaron la semana pasada para que el Gobierno les devuelva a las regiones los ingresos del impuesto directo a los hidrocarburos.

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