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El caso del maletín llega a juicio

Proceso en Miami busca esclarecer la procedencia y el destino de unos 800.000 dólares decomisados hace un año en Buenos Aires a un empresario venezolano. 

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El llamado "caso del maletín", que gira en torno a unos 800.000 dólares incautados hace un año en Buenos Aires a un empresario venezolano, llegó hoy a juicio en Miami, donde se espera poder esclarecer la procedencia y el destino del dinero.

No obstante, el portador del maletín, Guido Antonini Wilson, no está en el banquillo de los acusados sino que comparecerá como testigo en el juicio abierto a otro venezolano, Franklin Durán, a quien las autoridades estadounidenses acusan de actuar y conspirar en relación con el caso en territorio de Estados Unidos.

La Fiscalía sospecha de que Durán y otras cuatro personas procesadas por el mismo motivo trataron por encargo de organismos de seguridad venezolanos de coaccionar a Antonini Wilson para que guardara silencio sobre la procedencia y el destino del dinero que llevó a Argentina en plena campaña electoral en ese país.

A Durán incluso se le grabó una conversación en la que afirmó que el dinero del maletín estaba destinado a financiar la campaña electoral de la hoy presidenta de Argentina, Cristina Fernández, lo que ha sido negado rotundamente tanto por el Gobierno argentino como el venezolano, el presunto donante de los 800.000 dólares.

Así lo señaló el fiscal adjunto Thomas Mulvhill en diciembre de 2007, durante una audiencia preliminar del juicio que comenzó hoy.

Antonini, que también tiene nacionalidad estadounidense y que reside en Miami, no está procesado en Estados Unidos porque acordó colaborar con las autoridades en pro de la resolución del caso.

Sin embargo, sobre él pesan una orden de extradición y una orden de captura internacional dictadas por Argentina y Venezuela, respectivamente.

Antonini llegó con el maletín a Buenos Aires el 4 de agosto de 2007 en un avión procedente de Caracas que había sido alquilado por la argentina Enarsa y en el que viajaban directivos de esa empresa estatal y de la venezolana PDVSA, así como funcionarios argentinos.

El empresario venezolano no declaró el dinero en la Aduana del aeropuerto de Buenos Aires, pero una funcionaria lo descubrió y los 800.000 dólares fueron incautados.

El caso se conoció tres días más tarde, cuando Antonini Wilson ya se había ido de Argentina y el que llegaba a Buenos Aires era el presidente venezolano, Hugo Chávez.

El escándalo les costó a los pocos días sus respectivos puestos a Claudio Uberti, director del Órgano de Control de Concesiones Viales de Argentina y "responsable político" del vuelo de Enarsa, y al gerente general de PDVSA-América, Diego Uzcátegui, cuyo hijo de 19 años iba en el avión en el que Antonini transportó el dinero.

Los Uzcátegui han sido llamados a declarar por la justicia argentina en varias ocasiones, pero nunca se han presentado.

Antonini, en un primer momento, dijo estar dispuesto a ir a Argentina a explicar el origen y destino del dinero, pero nunca llegó a hacerlo.

Argentina solicitó su extradición a Estados Unidos en septiembre de 2007 por intento de contrabando y en diciembre agregó el delito de lavado de dinero a la petición, que hasta ahora no ha tenido respuesta.

Entre tanto, Venezuela, cuyo Gobierno ha pedido a EE.UU. que entregue a Antonini a Argentina, solicitó la captura internacional del empresario el 1 de agosto de 2008.

El caso del maletín fue aprovechado por la oposición no solo de Argentina y Venezuela, sino también la de Uruguay, donde Antonini estuvo en varia ocasiones antes de su viaje a Buenos Aires, y la de Bolivia, para acusar de corrupción de los gobiernos de sus respectivos países y de intromisión al venezolano.

Más airadas aún fueron las voces que levantaron los Gobiernos de Argentina y Venezuela para denunciar maniobras de parte de EE.UU. cuando se conocieron los presuntos vínculos del dinero con la campaña de Cristina Fernández, así como la detención de los venezolanos Franklin Durán, Carlos Kauffman y Moisés Maiónica, y del uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello en Estados Unidos.

Todos ellos y el venezolano Antonio José Canchica Gómez, que está fugitivo, fueron acusados formalmente el 20 de diciembre de 2007 por un gran jurado federal de "actuar y conspirar en Estados Unidos como agentes" al servicio de Venezuela, cuyo Gobierno ha negado que trabajasen para organismos del Estado.

En enero, los cuatro detenidos recibieron las pruebas que la Fiscalía utilizó en su contra para acusarlos formalmente, consistentes en 41 grabaciones de audio y ocho de vídeo, fotos, objetos y declaraciones rendidas tras las detenciones.

De los cuatro el único que va a ir a juicio es Durán. Los otros tres se declararon culpables para lograr sentencias reducidas.

A causa del "caso del maletín", la relación entre Argentina y Estados Unidos se tensó al máximo y no se llegó a mayores consecuencias porque en enero pasado el Gobierno estadounidense explicó que se trata de un asunto judicial, sin móviles políticos.

Desde entonces la relación ha mejorado y varios altos funcionarios de EE.UU. han visitado Argentina, incluido el subsecretario de Estado adjunto para América Latina, Thomas Shannon, quien al inicio de la crisis había calificado la reacción del Gobierno de Argentina de "lamentable".

Los últimos documentos conocidos del sumario del juicio apuntan más que al pago de dinero a la campaña de Fernández a presuntas maniobras de corrupción de Duran y el resto de detenidos con el Gobierno venezolano.

La semana pasada la jueza Joan Lenard, que preside el juicio de Durán, dijo, sin embargo, que no se iba a tratar de las relaciones de EE.UU. y Venezuela.

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