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Repudian fianza

Dos asociaciones cristianas de latinos de Estados Unidos repudiaron la imposición de una fianza a los acusados por la muerte a golpes de un inmigrante mexicano…

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Dos asociaciones cristianas de latinos de Estados Unidos repudiaron hoy la imposición de una fianza a los acusados por la muerte a golpes de un inmigrante mexicano, que podrán esperar en libertad la celebración del juicio.

El juez superior William Baldwin del condado de Schuylkill, en Pensilvania, impuso el martes, siguiendo la recomendación de la Fiscalía, una fianza de 50.000 dólares a Brandon Piekarsky y a Colin Walsh, acusados de asesinar el pasado julio a Luis Ramírez, de 24 años, quien residía en Shenandoah, Pensilvania.

Piekarsky, de 16 años, y Walsh, de 17, jugadores de fútbol en su escuela, enfrentan cargos por homicidio e intimidación étnica, entre otros cargos, por los golpes propinados la noche del 12 de julio a Ramírez, quien entró en coma y murió 30 horas después de la agresión.

Un tercer acusado, Derrick Donchak, de 18 años, está acusado de agresión agravada e intimidación étnica y ya se encuentra libre, tras haber pagado una fianza de 75.000 dólares.

Los cargos contra un cuarto atacante están pendientes.

La Coalición Nacional Latina de Ministros y Lideres Cristianos (CONLAMIC) y la Confraternidad de Ministros Cristianos Latinos del Valle de Delaware condenaron la libertad de los tres acusados.

"Estamos ante el umbral de otro ejemplo más de una aberrante conducta por parte de quienes están para hacer cumplir la ley y de un juez que responde mejor a los intereses especiales de la opinión pública (y) la influencia de sus vecinos, que a su responsabilidad judicial", dijo el reverendo Miguel Rivera, presidente de CONLAMIC.

Rivera criticó además que la decisión del juez Baldwin al imponer una fianza tan baja teniendo en contra el crimen cometido "demuestra ignorancia" sobre el aumento de pandillas y grupos de crimen juvenil organizado.

El Fondo Mexicano-estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por su sigla en inglés) solicitó a la Fiscalía federal en Shenandoah y a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que supervisen la investigación y el proceso legal contra los involucrados.

Shenandoah, donde vivía Ramírez, es un pueblo con 5.500 habitantes, de los que un 10 por ciento es de origen latino, en su mayoría mexicanos, seguidos de hondureños y dominicanos.

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