La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA condenó hoy la ejecución del hondureño Heliberto Chi y lamentó que EEUU haya ignorado una vez más las medidas cautelares que el organismo le otorgó para proteger su vida.

Dijo que "deplora" el desacato por parte de Estados Unidos de las solicitudes de la Comisión para que se respetara la vida de Chi y de otras personas condenadas a muerte en similares circunstancias.

Lo instó a que acate "todas las medidas cautelares que dicte" y exigió "el respeto pleno y adecuado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente de las derivadas de la Declaración Americana de Derechos Humanos.

La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), consideró, además, que el desacato de las medidas cautelares por parte de un Estado miembro de la OEA, incluido Estados Unidos "va en detrimento de la eficacia de los procedimientos de la Comisión y priva a las personas condenadas de su derecho de petición en el sistema interamericano de derechos humanos".

Afecta de manera "grave" al derecho más fundamental de un peticionario: el derecho a la vida, concluye la CIDH.

Chi, de 29 años, condenado a pena capital por el asesinato en 2001 de un sastre para el que trabajaba, fue ejecutado mediante inyección letal el jueves por la noche en el penal de Huntsville (Texas).

Esta no es la primera vez que en Estados Unidos se ejecuta a una persona amparada por medidas cautelares de la CIDH.

El 5 de agosto, Texas ejecutó al mexicano José Medellín, de 33 años, por el asesinato de dos adolescentes en Houston y, en 2006 hizo lo mismo con Ángel Maturino Resendiz, condenado a pena de muerte por el asesinato de una doctora.

La vida de ambos estaba protegida por medidas cautelares dictadas por la CIDH.

La CIDH recibió en septiembre de 2007 una solicitud de medidas cautelares y una petición de Chi por la presunta violación de los derechos relacionados con el debido proceso y de la falta de información sobre la asistencia consular.

El 28 de septiembre, la Comisión solicitó a Estados Unidos la adopción de las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad física de Chi hasta que se resolviera el caso.

Ante el anuncio de la fecha de ejecución del inmigrante hondureño, la CIDH recordó el 16 de julio a Estados Unidos que había dictado medidas cautelares.