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La injusticia de criminalizar a los indocumentados

El que fue considerado por las autoridades federales como “el mayor operativo policial de la historia en sitios de trabajo”, resultó además en que en un tiempo…

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La mayor redada de inmigrantes indocumentados ocurrida en  Iowa el pasado 12 de mayo resultó en la detención de 389 trabajadores.

El que fue considerado por las autoridades federales como “el mayor operativo policial de la historia en sitios de trabajo”, resultó además en que en un tiempo récord de cuatro días se enjuiciara y sentenciara a 260 inmigrantes a cinco meses de prisión por trabajar con documentos falsos.

Este “impresionante éxito”, como lo consideró la Fiscalía de Iowa, fue a costa de privar a los inmigrantes, en su gran mayoría de Guatemala, de ciertas garantías básicas establecidas en la Constitución como el derecho a ser defendido por un abogado.  De hecho, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) protestó por este atropello y porque las autoridades ignoraron su intervención en favor de los inmigrantes.

Con pies y manos esposados, los inmigrantes eran enjuiciados de diez en diez.  Cada uno tenía que declararse culpable de haber usado tarjetas de Seguro Social falsificadas. Todas estas audiencias se celebraban en tráilers o casas rodantes que servían de cortes móviles.

La novedad de este caso, fuera del alto número de detenidos y de la velocidad en que eran procesados y sentenciados, es que por primera vez se acusaba de crímenes federales a tanta gente.  Lo que solía suceder es que las infracciones de inmigración eran generalmente sancionadas como infracciones civiles y no penales.

Sólo mes y medio después del operativo de Iowa, el pasado 25 de junio, fueron arrestados 160 trabajadores de una fábrica textil en Housto en una acción en la que intervinieron 200 agentes de inmigración, según el agente Robert Rutt, quien dijo al New York Times que “mediante atacar el problema de manera global y estratégica, creemos que podemos forzar un cambio en la cultura de las corporaciones”. Otra inmigrante amiga de algunos de los detenidos supo informar que algunos de ellos, si bien eran indocumentados ya llevaban 10 años viviendo allí.

¿Criminales confesos?

Realmente no es así de simple.  Estas “confesiones” fueron resultado de lo que en Estados Unidos se denomina en inglés “plea bargain”, cuya traducción puede ser negociación o regateo aceptando culpa.    Esto significa que las autoridades le proponen una suerte de oferta difícil de rehusar: “A cambio de que usted acepte que cometió un crimen menor, yo no lo acuso de cosas más graves y le impongo una pena más leve”.

Por ello, los trabajadores guatemaltecos de Iowa “aceptaron” confesarse culpables de utilizar documentos falsos “a cambio” de una módica sentencia de 5 meses frente a la amenaza de los fiscales de acusarlos de delitos más graves que resultarían en años de cárcel.

Otra de las consecuencias de esta “negociación” es que los inmigrantes aceptaban cooperar con la investigación, lo que implica dar información de otras personas que se hallen en la misma situación, es decir que se premia la delación.
La ironía es que ya de por sí las condiciones de vida de estos inmigrantes eran duras.  Versiones de prensa evidenciaron que muchos de ellos trabajaban en condiciones insalubres hasta 14 horas diarias incluidos turnos en la noche sin recibir el pago correspondiente.

El sistema penal

El nuevo giro en el combate a la inmigración radica en que ahora las autoridades en lugar de tratar un problema humanitario con medidas civiles, se apoya fundamentalmente en el sistema penal.

En declaraciones a la prensa en el 2007, Karl Rove, estratega político del presidente George W. Bush,  planteaba aplicar represión para escarmentar a los inmigrantes, y así evitar el regreso de los deportados. De hecho entre el 2002 y el 2008 se ha multiplicado más del 400% el número de enjuiciamientos penales federales. A marzo de este año se registraron 9.350 casos criminales de inmigración, lo que representa el 57 por ciento del total de nuevos casos federales, seguido por narcotráfico, con el 13%.

Es patente que para el gobierno federal el problema de la inmigración indocumentada es visto como el crimen más importante a nivel nacional según los datos proporcionados por un reporte de una organización no política afiliada a Syracuse University.

La ironía es que las autoridades reconocen que la gran mayoría de los 389 trabajadores guatemaltecos no tenían antecedentes penales.  Hoy, sin embargo, después de declararse culpables a cambio de ser deportados lo antes posible para evitar años de cárcel, ahora sí tienen antecedentes penales.  De hecho, reingresar ilegalmente a Estados Unidos es ya considerado un crimen.

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