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Gobierno promete luchar por resto rehenes y reitera a FARC que depongan armas

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El Gobierno de Colombia prometió hoy
trabajar hasta liberar a todos los secuestrados que siguen en poder
de las FARC e instó a los miembros de esa guerrilla a que depongan
la armas para evitar la muerte.

Así lo manifestó el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, al
anunciar la liberación, sanos y salvos, de quince rehenes de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Fueron liberados en un operación calificada de "impecable" la ex
candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt, los
contratistas estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc
Gonsalves, y once militares y policías.

Todos ellos llevaban más de seis años secuestrados.

"Seguiremos trabajando día y noche para lograr la liberación del
resto de los secuestrados", expresó a los periodistas el ministro.

"Una vez más, hacemos un llamado a los nuevos cabecillas de las
FARC para que depongan las armas, para que no se hagan matar ni
sacrifiquen a sus hombres, para que se desmovilicen", subrayó
Santos.

A los rebeldes "el Gobierno les reitera que si quieren entrar a
negociar en serio y de buena fe, les ofrecemos una paz digna",
agregó.

"En una operación especial de inteligencia, planeada y ejecutada
por nuestra inteligencia militar, fueron rescatados, sanos y salvos,
15 de los secuestrados que se encontraban en manos de las FARC",
enfatizó el ministro.

Esa operación, que se denominó "Jaque" y no tiene precedentes,
"pasará a la historia por su audacia y efectividad" y "deja muy en
alto, muy en alto, la calidad y el profesionalismo de las Fuerzas
Armadas colombianas", puntualizó Santos.

Los rehenes, que estaban divididos en tres grupos y fueron
liberados en los departamentos selváticos del Guaviare (sur) y
Vaupés (sureste), formaban parte de un grupo de 40 secuestrados que
las FARC aspiran a canjear por cerca de medio millar de guerrilleros
presos.

Para ello, las FARC exigen que se desmilitaricen dos municipios
del Valle del Cauca (suroeste), lo que no es aceptado por el
Ejecutivo que preside Álvaro Uribe, que argumenta razones de
soberanía.