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México lucha por parar ejecuciones

Especialistas en derechos humanos calificaron de "desacato" la decisión de EEUU de no atender la petición de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el más…

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Especialistas en derechos humanos calificaron de "desacato" la decisión de Estados Unidos de no atender la petición de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el más alto tribunal de la ONU, de revisar el caso de 51 reos mexicanos condenados a muerte en ese país.

El tribunal internacional comenzó en La Haya las audiencias en las que México le solicitó que ordene "medidas provisionales" para evitar la ejecución en Estados Unidos de las primeras cinco sentencias de muerte que pesan sobre reos mexicanos, una de las cuales está prevista para el próximo 5 de agosto.

Los expertos consultados coincidieron también en que la salida al conflicto podría proceder de la presentación por parte del presidente estadounidense, George W. Bush, de una iniciativa de ley al Congreso para dar reconocimiento legal en ese país a los fallos de tribunales internacionales.

En el llamado "caso Avena", la CIJ determinó en 2004 "la obligación de Estados Unidos de revisar y reconsiderar las condenas de 51 mexicanos sentenciados a muerte en ese país".

El alto tribunal sostuvo que EE.UU. violó la Convención de Viena de 1963, al no respetar en un primer momento el derecho de los mexicanos a obtener asistencia legal de los consulados y solicitó a Washington la revisión de 51 casos de condenados a muerte.

Sin embargo, el pasado 25 de marzo el Supremo de EE.UU. rechazó la orden del presidente Bush de revisar los procesos, lo que hizo que México demandara "medidas provisionales" para detener las ejecuciones.

"México es muy inteligente al pedirle a la CIJ que haga una interpretación de la sentencia para que diga qué efectos jurídicos tiene para los estados la Carta de las Naciones Unidas", dijo el abogado Santiago Corcuera, especialista en derechos humanos.

Corcuera consideró que el caso muestra un "desacato desde el más alto tribunal de EE.UU. al más alto tribunal del mundo" y refleja por parte estadounidense "un desdén muy desagradable" hacia el derecho internacional y hacia la CIJ.

Para EE.UU., las sentencias emitidas en La Haya no forman parte del derecho estadounidense, señaló Corcuera, quien consideró que la salida "ideal" sería que Bush presente una iniciativa de ley al Congreso para dar reconocimiento legal en ese país a los fallos de tribunales internacionales, incluida la CIJ.

En el mismo sentido se pronunció el académico de la Universidad Iberoamericana (UIA) Juan Carlos Arjona, quien señaló que "todo pasa por una solución política", sea en el Consejo de Seguridad de la ONU o con el impulso de una ley nueva ante el Congreso de EE.UU. que México podría pedir con "mecanismos políticos de presión directa".

"Se llegaría a una decisión del presidente (Bush) por presión de organizaciones de derechos humanos", indicó.

Según Arjona, Estados Unidos carece de una legislación para cumplir decisiones de tribunales internacionales, algo que deriva de un sistema legal dualista, que necesita leyes específicas para incorporar el derecho internacional.

La primera ejecución de las 51 está prevista para el próximo 5 de agosto en el estado de Texas, y se le aplicaría a José Ernesto Medellín, recluido en la cárcel de alta seguridad de Livingston.

En este caso concreto el académico de la Universidad Iberoamericana espera que la sentencia "se posponga o haya un indulto" del gobernador de Texas, Rick Perry, quien es republicano como el presidente Bush.

Sin embargo, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda recordó, en una entrevista telefónica, que él mismo y el ex presidente mexicano Vicente Fox pidieron sin éxito a Perry el indulto para Javier Suárez Medina, el último reo mexicano ejecutado el 14 de agosto de 2002.

"Hasta donde yo sé él (Perry) no ha indultado a nadie y dudo que ahora haya una actitud distinta", agregó.

Según Castañeda, "en la mayoría de los estados" norteamericanos están suspendidas las ejecuciones, pero indicó que "el principal problema" sigue siendo Texas.

El ex canciller sugirió a México intentar "hablar con senadores estadounidense clave" para tratar de que se comprometan a trabajar para que los tratados internacionales sean aplicados en ese país.