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Calderón adopta un nuevo marco júridico

El presidente mexicano, Felipe Calderón, promulgó una reforma constitucional sobre justicia penal y seguridad pública.

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El presidente mexicano, Felipe Calderón, promulgó una reforma constitucional sobre justicia penal y seguridad pública para adoptar un sistema acusatorio con juicios orales, reforzar el combate al crimen organizado e instaurar la presunción de inocencia.

La reforma, que entró en vigor, posibilita que cualquier sospechoso de pertenecer al crimen organizado sea detenido hasta 80 días sin presentación de cargos en su contra, lo que ha sido criticado por grupos defensores de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW), que considera excesivo ese plazo.

Durante el acto de promulgación, Calderón calificó la nueva norma como "quizá la más relevante reforma realizada al sistema penal" que ha tenido México "en mucho tiempo".

El país adopta desde ahora un sistema penal acusatorio que se irá introduciendo paulatinamente con juicios orales y procesos simplificados, en los que un juez conducirá las audiencias y presenciará la presentación de pruebas y alegatos de las partes implicadas.

El sistema penal mexicano actual se basa en lo que contenga el expediente de un caso, el único documento que tiene el juez para dictaminar.

"La etapa de investigación de los delitos será mucho más ágil y deberá ser mucho más profesional", indicó Calderón, para quien la reforma constituye "un paso fundamental para que México prospere como una Nación de leyes y de libertades".

La nueva normativa también otorga facultades de investigación a las distintas corporaciones policiales, que actuarán bajo la conducción de las Procuradurías (fiscalías), hasta ahora las únicas habilitadas para indagar delitos.

Asimismo, la reforma introduce en el Código Penal los conceptos de "flagrancia" y de "delincuencia organizada", así como su tratamiento procesal, y cambia los términos de "reo" por "sentenciado", y "readaptación" por "reinserción".

Por otra parte, las víctimas de los delitos tendrán derecho a recibir asesoría jurídica, colaborar en las investigaciones, obtener atención médica y psicológica, exigir la reparación del daño y mantener en secreto su identidad y sus datos personales.

La extinción de dominio en favor del Estado en bienes del crimen organizado decomisados por las autoridades y la creación de centros especiales de reclusión para narcotraficantes también están contemplados en la nueva ley.

Además, se instituye el Sistema Nacional de Seguridad Pública para capacitar a los agentes policiales y establecer reglas para su selección y evaluación.

"Estamos decididos a ganar la guerra contra la delincuencia y el crimen organizado", enfatizó Calderón.

A su vez, el secretario de Gobernación (Interior), Juan Camilo Mouriño, destacó que el problema "de la inseguridad pública no se resolverá sólo con mayores recursos, con más policías o con mejores leyes", sino con "una mayor participación de la sociedad" y una "cultura de la legalidad".

Para reducir la carga del sistema judicial, la reforma establece medios alternativos de solución de controversias civiles o comerciales para que se manejen por fuera del ámbito penal.

La nueva legislación también busca fortalecer la "defensoría pública" para que las personas de escasos recursos tengan acceso a una defensa más eficiente y profesional.

El diputado César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, recordó que actualmente en el país "más de 90.000 personas están privadas de su libertad sin sentencia condenatoria". 

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