Un juez de Filadelfia bloqueó temporalmente el pasado 17 de abril
las leyes para el control de las armas de fuego aprobadas por el
gobierno de la ciudad y que el alcalde Michael Nutter firmó.

Justo
después de que la Procuradora de Distrito Lynne Abraham dijera que las
leyes eran anticonstitucionales y ella no las haría cumplir, la
asociación Nacional del Rifle (NRA) cumplió su amenaza de demandar para
impedir la implementación de las regulaciones.

Ya en aquella
ocasión John Hohenwarter, vocero de la organización, había indicado que
se preparaban las medidas necesarias para impedir la entrada en vigor
de las medidas.

En un comunicado de prensa, Chris W. Cox, de la NRA, festejó la decisión que tomó la corte esta semana.

"Los
políticos de Filadelfia han dejado claro que les importa poco la
Constitución del país o la del estado", dijo. "Pero tendrán que
aprender, de una manera u otra, que la ley del estado aplica a ellos
también".

Por su parte, la procuradora Abraham había dicho
que de darse un arresto por cumplir cualquiera de las nuevas leyes
provocaría una demanda cuestionando la constitucionalidad de los
mandatos.

La juez Jane Cutler Greenspan, quien fue la que
emitió el dictamen, indicó también que su orden tendrá efecto hasta el
próximo 28 de abril, fecha en la que se realice una audiencia acerca
del control de armas.

La NRA ha argumentado varias veces que
las ciudades no pueden aprobar ley alguna sobre el control de armas
usando como argumento una ley de 1974 que establece al Congreso del
estado como el único organismo capaz de regular la compara-venta de
armas en Pensilvania.

Sin embargo, abogados de la ciudad
argumentan que las ciudades tienen la capacidad de aprobar leyes para
el control de armas siempre y cuando sean casos no contemplados por la
ley.

Las medidas aprobadas por la Asamblea de la ciudad el
pasado 10 de abril prohibían la venta de rifles de asalto en la ciudad,
hacían obligatorio levantar un reporte cuando un arma fuera perdida o
robada y limitaban la venta de pistolas a una por mes.

Estas
medidas fueron implementadas, argumentó el gobierno de la ciudad,
debido al alto índice de homicidios que el año pasado rozó los 400.