El programa de visas "L-1", que el Gobierno concede para cierta categoría de profesionales extranjeros, no protege al mercado laboral estadounidense y las autoridades deben limitarlas, según un informe divulgado recientemente por el Instituto de Política Económica (EPI).

En el informe, el analista Daniel Costa señaló que la falta de restricciones a ese programa de visas y el aumento del 351 por ciento en el número de visas "L-1" otorgadas entre 2000 y 2009 sugieren que "está siendo abusado" por las empresas.

Por ello, el EPI pide que el Congreso tome medidas para reformar este programa de visas, creado por el Congreso en 1970 y se trabaja en la elaboración de un proyecto de ley con miras en ese objetivo.

La idea era permitir que las multinacionales puedan transferir a Estados Unidos desde el exterior a sus gerentes y ejecutivos de alto rango, así como otros empleados con conocimientos especializados.

Estas visas son temporales y no conceden ningún tipo de derecho para tramitar la residencia permanente o la ciudadanía.

Un problema citado por Costa en el análisis sobre estas visas es que bajo este programa las corporaciones no tienen la obligación de anunciar las vacantes ni tienen que demostrar que no encontraron estadounidenses disponibles para esos puestos.

Tampoco tienen que demostrar que el traslado de un empleado extranjero perjudicaría las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses, según el informe. "No hay duda de que la movilidad global puede beneficiar a la economía estadounidense; sin embargo, no hay restricciones sobre los tipos de empresas que pueden patrocinar la visa L o qué tipos de ocupaciones son elegibles" y eso es un problema, según el informe.

Otro problema, según el autor, es que el programa de visas no ha conducido a un aumento significativo en la inversión extranjera o la creación de empleos en Estados Unidos.

India ha sido el país más beneficiado por el programa, pero sus inversiones en Estados Unidos conformaron sólo el 0,19 por ciento de la inversión extranjera directa en este país en 2009.

Además, bajo el programa de visas "L", las empresas tampoco tienen la obligación de pagar el salario establecido en el mercado laboral para esa categoría, lo que termina perjudicando a los propios empleados transferidos a Estados Unidos.

El EPI recomienda varios pasos que puede tomar el Gobierno de Washington para mejorar el programa, incluyendo la imposición de un límite numérico; el requisito de que todo extranjero con visa "L" tenga extensa educación universitaria y experiencia laboral; y prohibir que las empresas transfieran a empleados si hay estadounidenses disponibles para esas tareas.

También quiere que el Gobierno imponga un límite del 20 por ciento al número de empleados extranjeros que las empresas puedan contratar del total de su fuerza laboral en Estados Unidos, a menos que el Gobierno determine que existe una escasez de mano de obra cualificada en algún sector de la economía.

Además, el análisis señala que el Gobierno exija que las empresas paguen al menos el salario establecido en el mercado laboral estadounidense, para impedir una depresión de salarios para estadounidenses en ocupaciones y con talentos similares.

El informe considera necesario que el Departamento del Trabajo tenga "autoridad significativa" para realizar auditorías a las empresas, de manera que éstas cumplan con las leyes que prohíben el reemplazo de trabajadores estadounidenses, condiciones laborales adversas y depresiones salariales causadas por empleados con visas "L".

También recomienda reducir el tiempo en que un empleado extranjero puede permanecer en el país con esa visa, e imponer una multa de al menos 5.000 dólares por cada visa "L" en caso de fraude.