Brasil está a punto de marcar un precedente para América Latina. La Corte Suprema retomó esta semana un juicio clave para el futuro de las redes sociales: ¿pueden las plataformas ser legalmente responsables por las publicaciones de sus usuarios? ¿Deben actuar de manera preventiva para frenar noticias falsas y discursos de odio, incluso sin orden judicial?

El debate no es nuevo, pero nunca había estado tan cargado políticamente. Coincide con otro proceso judicial en curso contra el expresidente Jair Bolsonaro y parte de su equipo, acusados de intentar un golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, gran parte del esfuerzo para deslegitimar el sistema electoral se dio precisamente a través de las redes.

Marco Civil vs. realidad política

En el centro del juicio está la constitucionalidad de un artículo del Marco Civil de Internet, la legislación que desde 2014 rige el uso de las plataformas en Brasil. Esa norma establece que las redes sociales solo pueden ser responsabilizadas por contenidos ilegales si, después de una orden judicial, se niegan a eliminarlos. Pero tres de los once jueces ya se han pronunciado por aumentar la responsabilidad directa de las plataformas, sin necesidad de mandato previo.

Faltan ocho votos. Pero la tendencia es clara: el tribunal está discutiendo si es tiempo de actualizar el marco legal ante una realidad en la que la desinformación circula con velocidad y potencia sin precedentes.

Un pulso con Elon Musk

El caso brasileño también ganó notoriedad mundial tras el enfrentamiento entre el juez Alexandre de Moraes y el multimillonario Elon Musk. En agosto de 2024, Moraes ordenó el bloqueo total de la red X (antes Twitter) en Brasil, luego de que Musk se negara a eliminar cuentas vinculadas con desinformación y seguidores de Bolsonaro.

Musk desafió la orden durante 40 días, en un pulso público sobre los límites de la libertad de expresión. Finalmente cedió y X volvió a operar normalmente en el país. Pero el episodio dejó en evidencia el choque entre las reglas soberanas de un Estado democrático y las decisiones empresariales de gigantes tecnológicos con alcance global.

Hoy, desde el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos se estudian sanciones contra el juez Moraes, bajo acusaciones del entorno de Bolsonaro de que estaría "persiguiendo" al exmandatario. La disputa, lejos de terminar, se globaliza.

Lula: “Eso no es libertad de expresión”

Mientras tanto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dejado clara su posición. Esta semana, pidió “acelerar la reglamentación” de las plataformas y cuestionó el uso de las redes como escudo para acciones ilegales. “No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (...) y diga que eso es libertad de expresión”, afirmó, en alusión directa a Bolsonaro.

Para Lula y sus aliados, el problema no es la existencia de redes sociales, sino su uso como armas políticas para erosionar la democracia desde dentro. Para la oposición, en cambio, las nuevas reglas podrían abrir la puerta a formas de censura disfrazadas de legalidad.

Un fallo mundial

Aunque el juicio aborda casos concretos, lo que decida la Corte Suprema sentará jurisprudencia de aplicación general en Brasil, pero tendrá implicaciones internacionales: dada la importancia del país en la región, es probable que otros gobiernos miren de cerca el desenlace.

La pregunta de fondo —¿quién manda en las redes sociales?— no es solo jurídica ni tecnológica. Es política, institucional y, sobre todo, urgente. En juego está el equilibrio entre libertad de expresión y protección de la democracia, dos principios fundamentales que hoy chocan a la velocidad de un clic.

Con información de AFP