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Investigarán en Ecuador supuestas violaciones a DDHH

La organización no gubernamental Human Rights Foundation (HRF) abrió una oficina en la ciudad de Quito desde donde, informó que investigará supuestas…

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Mayo 16, 2022

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La organización no gubernamental Human Rights Foundation (HRF) abrió una oficina en la ciudad de Quito desde donde, informó que investigará supuestas violaciones a los derechos humanos en Ecuador.

Armando Valladares, uno de los directores de la HRF en Ecuador, dijo a periodistas que uno de los temas que investigará esa institución son los incidentes ocurridos el pasado 16 de agosto en una universidad privada de Guayaquil.

Ese día estudiantes que rechazan el proyecto Constitucional, que será sometido a referendo, fueron supuestamente agredidos por la Policía durante la cadena radial que emitía el presidente Rafael Correa, que se encontraba en ese recinto educativo.

Valladares, también, dijo que investigará las denuncias de supuestas intimidaciones a varios "periodistas de la televisión" a los que "el presidente se ha referido de manera despectiva", algo que consideró atenta contra "la independencia de su trabajo".

Por su parte, Andrea Tapia, también en la dirección de HRF en Ecuador, se refirió al caso de la ex prefecta de la provincia amazónica de Orellana Guadalupe Llori, encarcelada desde hace nueve meses por un supuesto delito de malversación de fondos.

Según Tapia "el delito, entre comillas, por el que se encuentra presa es por emitir un comentario no afín al oficial (y) eso, probablemente, con los sucesos de Dayuma es la razón" por la que está detenida, dijo.

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En noviembre pasado, Llori, entonces prefecta de Orellana, lideró una protesta en Dayuma para exigir al Gobierno obras de infraestructura en su provincia, que terminó en actos violentos en los que se dañaron instalaciones petroleras.

Tras esa protesta Llori fue detenida junto a una decena de pobladores.

Gracias a una amnistía de la Asamblea Constituyente, los pobladores fueron liberados, pero Llori permaneció detenida acusada de malversación de fondos en su provincia.

HRF difundió el pasado 5 de agosto en Nueva York un comunicado en el que consideró a Llori "prisionera de conciencia" y afirmó que la Fiscalía de Ecuador no había podido demostrar su culpabilidad en los cargos que se le imputan.

El pasado 9 de septiembre, el Gobierno ecuatoriano invitó a representantes de Derechos Humanos de la ONU a certificar que Llori no es una "detenida política", sino que está imputada por un presunto delito común de malversación de fondos públicos. 

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