El presidente de Colombia, ÁlvaroUribe, afirmó hoy en Washington que espera que EE.UU. tome en cuenta
los avances en la protección de sindicalistas, entre éstos la
ratificación de la Ley 599, para la aprobación del Tratado de Libre
Comercio.

Uribe, que hoy inició una gira de trabajo de dos días en
Washington, dijo a los periodistas que en sus reuniones de esta
mañana con funcionarios de alto rango del Gobierno de EE.UU. planteó
la reciente ratificación de la Ley 599, y la preocupante caída en
las exportaciones de Colombia a este país.

Estos dos asuntos "los hemos destacado esta mañana con mucha
preocupación para que las autoridades de EE.UU. los tomen en cuenta
en sus raciocinios a ver cómo se puede avanzar en la ratificación
del tratado", aseguró Uribe.

Pocas horas antes de su primer encuentro en la Casa Blanca con el
presidente Barack Obama, Uribe manifestó que en sus reuniones
destacó la "lucha inmensa" de su Gobierno contra las drogas, el
debilitamiento "de la guerrilla narcotraficante" y el
desmantelamiento del paramilitarismo.

Como parte de su jornada, Uribe se reunió esta mañana con el
representante comercial y el secretario de Comercio de EE.UU., Ron
Kirk, y Gary Locke, respectivamente, con quienes resaltó el problema
de desempleo en las ciudades colombianas que dependen de las
exportaciones de productos manufactureros.

Pese al trato preferencial que reciben las exportaciones de
Colombia bajo la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y
Erradicación de Drogas (ATPDEA), ciudades como Medellín, Pereira e
Ibagué tienen tasas de desempleo del 18 por ciento, aunque el
promedio nacional es del 12,1 por ciento, según Uribe.

La meta, indicó el mandatario, es fomentar la creación de empleos
para mitigar el problema conjunto de "desempleo e inseguridad".

Uribe señaló: "no estamos creando empleo al ritmo que lo necesita
la población colombiana".

Por ello, agregó, la aprobación del TLC, suscrito por ambos
países en noviembre de 2006, es clave para "avanzar hacia la
consolidación de la seguridad".

Uribe remachó el alcance de la Ley 599, que figura en su caja de
herramientas para combatir la impunidad mediante un posible
incremento en las penas carcelarias para quienes cometen delitos
contra grupos protegidos por su Gobierno, como los dirigentes
sindicalistas y políticos, así como defensores de los derechos
humanos.

Según Uribe, la opinión pública colombiana apenas comienza a
conocer los detalles de la mencionada ley y en Washington, los
dirigentes políticos no la conocen.

Así, la Ley 599, según observadores, es una respuesta de Colombia
a los persistentes reclamos del Gobierno de Washington y de los
líderes del Congreso de que ese país no ha demostrado suficientes
logros sobre el terreno en materia laboral y de derechos humanos.