República Dominicana ya completa una semana de protestas, uniéndose al conjunto de países latinoamericanos en que el descontento de los ciudadanos ha puesto a sus políticos en jaque.

La movilización ciudadana surgió a partir de las irregularidades y deficiencias en el proceso electoral del 16 de febrero, que fueron tan numerosas y graves que, finalmente, los comicios tuvieron que ser cancelados tras sólo cuatro horas de iniciada la jornada. Las irregularidades se dieron por el uso, por primera vez, de un sistema de votación electrónica en la isla en 18 de sus 158 municipios.

En respuesta, el gobierno central ha solicitado una investigación de la Organización de Estados Americanos (OEA), para determinar cuál fue la razón que desencadenó el malfuncionamiento de los equipos en que el gobierno dominicano habría gastado un aproximado de 19 millones de dólares.

Faltando pocos meses para el fin de este periodo presidencial, el Ministro Administrativo de la Presidencia ha llegado a afirmar que los cacerolazos no le preocupan a este gobierno, sino que deben ser motivo de inquietud para el que venga. Esta afirmación cínica, por lo demás, ignora de tajo un componente importante del descontento ciudadano que ha encendido las movilizaciones, que no se nutren solamente del fiasco electoral.

En junio del año pasado, el actual presidente, Danilo Medina, dio a conocer al país que estaba pensando en lanzarse para una segunda reelección, pese a que la constitución del país lo prohíba.

Emprender una nueva carrera presidencial habría requerido una modificación a la constitución, cosa a la que la República Dominicana no es ajena: en sus 176 años de vida republicana, han hecho 39 modificaciones a su constitución. Es decir, una cada cuatro años y medio, en promedio. De esas 39 modificaciones, 32 han estado vinculadas con temas electorales.

En este orden de ideas, si Medina decidió no modificar la constitución no fue por su reverencia a la Carta Magna sino por el enorme costo político que tuvo la sola mención de la posibilidad.

Así las cosas, cuando el domingo 16 de febrero la jornada electoral fue cancelada, los dominicanos se volcaron a las calles no solamente por la indignación, comprensible, del fracaso de un día tan importante para la definición del destino de un país, sino porque tenían el antecedente fresco del esfuerzo de su presidente por perpetuarse en el poder.

Las calles completan ocho días con el tintineo de las cacerolas y el lema “Es pa’fuera que van”, en el que las marchas ciudadanas se han negado a involucrarse con manifestaciones de los partidos de oposición. Al punto, incluso, en que han anunciado su retiro de la plaza a la que llegue algún grupo de un partido político.

La nueva fecha para las elecciones quedó fijada para el 15 de marzo y hoy se celebró una reunión entre la Junta Central Electoral (JCE) y los diversos partidos políticos para revisar las papeletas electorales de papel que se usarán ese día. Sin embargo, tras el comentario del Ministro Administrativo de Presidencia, es poco lo que se puede esperar de la voluntad del gobierno para sortear la crisis.

En medio del caos social, la Presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Torax, Ivelisse Acosta, ha elevado la voz de alarma para que el gobierno dominicano no descuide otra crisis igualmente inminente y de escala global: el COVID-19. Si bien, a la fecha, no se ha registrado ningún caso de COVID-19 en América Latina, y el número de pacientes que se han recuperado ya superan los 25.000 casos, un descuido frente a la contención de la epidemia podría tener terribles consecuencias para toda la región.