Entre encuestas y análisis nacionales, muchos anticipaban la victoria Demócrata en la Cámara de Representantes que se hizo realidad durante las elecciones de mitad de período.

Tan sólo un día antes de los comicios, el presidente Donald Trump finalmente solicitó a su Fiscal General, Jeff Sessions, a que entregara su carta de renuncia.

Desde los primeros meses de su Administración, Sessions se había vuelto uno de los focos de ira del presidente tras excusarse de supervisar la investigación por presunta colusión entre la Campaña Trump y el gobierno de Moscú, dejando a Trump desprotegido ante un escándalo que restaría credibilidad a su victoria del 2016.

“Sessions nunca debió recusarse, y si lo iba a hacer, debía decírmelo antes de aceptar el puesto y así yo habría escogido a alguien más”, dijo el presidente durante el mes de julio del 2017, después de que el Washington Post publicara que había tenido dos reuniones con el embajador ruso Sergei Kisliak durante la campaña.

El entonces Fiscal General no había hecho públicas sus discusiones con Kisliak durante su audiencia de confirmación en el puesto ante el Senado. Tras inhibirse de la investigación, y tras el despido del director del FBI James Comey por parte del presidente, el Vice Fiscal General, Rod Rosenstein, tomó el mando en la investigación y nombró al ex director del FBI, Robert Mueller, para que dirigiera las pesquisas.

Desde entonces, Trump se ha visto cada vez más frustrado ante la posibilidad de que la investigación le lleve a testificar ante el FBI, y ha culpado constantemente a Sessions por su situación.

El Partido Demócrata, por su parte, desplegó una campaña masiva para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y así poder asegurar que la investigación llegue a término sin la obstrucción presidencial.

Con su victoria del día martes, los demócratas tienen el poder ahora de solicitar aún más evaluaciones contra el presidente, incluyendo sus declaraciones de impuestos, su presunta colusión con Rusia y su obstrucción de la justicia al haber despedido a James Comey.

No es de extrañar, por lo tanto, que Trump haya decidido despedir a Sessions y buscar a una persona que pueda poner límites al alcance del trabajo de Mueller.

Las intenciones del presidente son tan obvias, que representantes republicanos como la Senadora Susan Collins y el recién elegido Senador Mitt Romney han advertido que “es imperativo que la Administración no impida la investigación Mueller”, según reportó The Guardian.

Especialistas en derecho constitucional han declarado al medio que la decisión de Trump puede “desencadenar una temida crisis constitucional sobre el destino de la investigación, que se produjo tras la conclusión de las agencias de inteligencia estadounidenses de que Rusia intervino para ayudar a Trump a ganar en el 2016”.

Esta preocupación se ve exacerbada por la sustitución temporal de Sessions por Matthew Whitaker, asesor principal del Departamento de Justicia y quien ha sido abierto crítico de la investigación de Mueller y quien solicitó desde un principio que se le retiraran los fondos a la investigación y que se cerrara por completo.

Whitaker escribió un Op-Ed para CNN el 6 de agosto del 2017 criticando las intenciones de Mueller de investigar las finanzas de la familia Trump, y asegurando que, si el abogado “ampliara su alcance” en la investigación, se transformaría en “una caza de brujas”.

Laurence Tribe, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Harvard, dijo a The Guardian que “el reemplazo de Sessions con Whitaker por parte de Trump era posiblemente una ofensa impugnable en sí misma”.

“Esta crisis del estado de derecho ha sido un choque de trenes en cámara lenta durante mucho tiempo”, agregó.