El número de personas en situación de pobreza en América Latina y el Caribe se reducirá este año de 183 a 180 millones, gracias a la recuperación económica, lo que supone un retorno a los niveles previos a la crisis de 2009, según un informe divulgado hoy en Chile por la Cepal.

Esto revela, además, que el impacto de la crisis en 2009 fue menor de lo estimado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que había proyectado que el número de pobres aumentaría el año pasado a 189 millones.

De esta forma, la pobreza sólo aumentó del 33% en 2008 al 33,1% en 2009, y para este año se prevé que se reduzca al 32,1%, cuando la Cepal espera que la economía regional crezca por encima de la proyección del 5,2% que hizo en 2009, según adelantó hoy.

El "Panorama Social de América Latina 2010" de la Cepal señala, además, que la indigencia disminuirá del 13,3% en 2009 al 12,9% en 2010, cuando del total de pobres 72 millones tendrán la condición de indigentes, dos millones menos que el año anterior.

La reducción de las tasas de pobreza e indigencia responde a la "vigorosa recuperación" que muestran este año la mayoría de los países de la región tras el impacto de la crisis financiera en 2009.

"En 2010 se recuperarán los niveles de 2008. Se ha roto el ciclo de crisis precedentes donde la recuperación se ha dado de forma mucho más lenta", destacó hoy en la presentación del informe la secretaria ejecutiva de la Cepal, la mexicana Alicia Bárcena.

Además, "el deterioro de 2009 no revirtió los importantes logros" del periodo comprendido entre 2002 y 2008, cuando 41 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza, recalcó Bárcena.

Según el informe, la pobreza bajó en la mayor parte de los nueve países estudiados.

De 2008 a 2009 descendió en Brasil (de 25,8% a 24,9%), Paraguay (de 58,2% a 56%), República Dominicana (de 44,3% a 41,1%) y Uruguay (de 14% a 10,7%), mientras que entre 2006 y 2009 se redujo también en Argentina (de 21% a 11,3%) y Chile (de 13,7% a 11,5%).

En cambio, la pobreza aumentó de 2008 a 2009 en Costa Rica (de 16,4% a 18,9%) y Ecuador (de 39% a 40,2%), mientras que en México subió de 31,7% en 2006 a 34,8% en 2008.

Por otra parte, la crisis tampoco detuvo el impulso de la lucha contra la desigualdad que se manifiesta en la región desde 2002, ya que se produjo una caída en la mayoría de los países analizados, con las excepciones de Costa Rica, República Dominicana y Guatemala.

La reducción de la inequidad se reflejó con mayor vigor en Venezuela, Argentina, Brasil, Perú y El Salvador, y la Cepal la atribuye al aumento de los ingresos laborales de los hogares pobres y de las transferencias públicas, orientadas a aminorar el impacto de la crisis.

En concreto, el gasto público social creció fuertemente entre 1990 y 2008, tanto en términos absolutos (de 445 a 880 dólares por persona) como relativos (de 12,3% al 18,4% del producto interno bruto).

Según la Cepal, la tendencia generalizada hacia la reducción de la pobreza y la indigencia, la mejoría de la distribución de los ingresos y el aumento en los ingresos de los hogares pobres responden a una voluntad explícita y a la capacidad de los países para mitigar los costos sociales de la crisis.

Durante la crisis de 2009, los Gobiernos de la región aplicaron políticas contracíclicas y aumentaron el gasto público social, lo que unido a una situación macroeconómica actual favorable, con bajos índices de inflación, explica también la mejora de esos índices.

El documento de la Cepal reserva, además, un apartado especial para el análisis de la educación en la región, considerada un instrumento clave para romper la transmisión generacional de la desigualdad.

La Cepal señala que en promedio el 49% de los hombres y 55% de las mujeres de entre 20 y 24 años han completado su educación secundaria, mientras que en zonas rurales esas cifras sólo alcanzan al 26% de los hombres y al 31% de las mujeres, y entre jóvenes indígenas, al 22% y 20%, respectivamente.

Subraya asimismo, que en América Latina los Gobiernos cumplen un rol limitado en la financiación del consumo de niños y jóvenes (sólo 21% frente al 73% de las familias), a diferencia de lo que ocurre en economías desarrolladas, donde el Estado (45%) y las familias (51%) comparten esa responsabilidad.