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Plan para trabajadores indocumentados incluye pago de impuestos

El Acta de Oportunidad y Prosperidad de California permitiría que cerca de un millón de indocumentados "salgan de las sombras".

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Líderes demócratas y republicanos de California anunciaron este lunes la presentación de una iniciativa ante la Secretaría de Estado que establece un programa piloto para trabajadores indocumentados.

El Acta de Oportunidad y Prosperidad de California (COPA, en inglés) crearía un programa piloto de cinco años que permitiría que cerca de un millón de trabajadores indocumentados "salgan de las sombras" y tengan sus ingresos legalizados.

"Esta medida ayudará a volver legítimo el trabajo de cerca de un millón de trabajadores indocumentados, al mismo tiempo que generará cientos de millones de dólares para el Estado", aseguró en un comunicado el asambleísta Felipe Fuentes (D-Los Ángeles) uno de los dos proponentes de la medida.

Para ser elegibles para el programa, los participantes deberán aprender o estar aprendiendo inglés y haber vivido en California desde antes del 1 de enero del 2008; asimismo no podrán haber sido condenados por delitos graves ni ser sospechosos de terrorismo.

"Tiene sentido permitir que personas que se han establecido en California durante muchos años como trabajadores y dueños de negocios puedan contribuir plenamente a la sociedad convirtiéndose también en contribuyentes", anotó John Cruz, anterior secretario de Asignaciones del exgobernador Schwarzenegger y también impulsor de la propuesta.

Los otros requisitos que completan las cinco condiciones básicas para participar en el programa, son pagar una tarifa por el proceso, presentar una foto y no ser una carga pública.

"Con COPA se trata de fortalecer los trabajadores y los empleadores, los inmigrantes residentes durante largo tiempo, los contribuyentes, las escuelas y los negocios", afirmó Ángela Sanbrano, miembro del comité que impulsó la medida y líder del Centro de Recursos Centroamericanos, CARECEN.

La iniciativa -que se calcula aportaría de 300 a 325 millones de dólares al año al estado- ayudaría a financiar proyectos de educación, seguridad pública e infraestructura y busca ser "una solución bipartidista práctica a un problema que Washington parece ser incapaz o no tener deseos de resolver", agregó Fuentes.