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Oficialistas de Guatemala piden protección de testigo

Oficialistas de Guatemala piden protección de testigo

El testigo, quien habría sido contratado para matar a Rosenberg, culpó a la oposición del hecho.

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El partido del presidente de Guatemala,
Álvaro Colom, pidió hoy a la Comisión Internacional Contra la
Impunidad (CICIG) proteger al testigo que ha incriminado a la
principal formación de oposición en el asesinato del abogado Rodrigo
Rosenberg.

Los líderes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) dijeron a
la prensa que temen por la vida de Juan Pérez León, quien supestamente fue contratado para dar muerte al abogado.

El viernes pasado Pérez León entregó a la CICIG supuestas pruebas de la implicación de
los dirigentes del derechista Partido Patriota (PP) en la muerte de
Rosenberg, ocurrida el pasado 10 de mayo.

"Pedimos que se le proteja", dijo el diputado Mario Taracena,
secretario general adjunto de la UNE.

Según el legislador, Pérez León corre peligro de sufrir algún
atentado para acallarlo por los señalamientos hechos en contra del
general Otto Pérez Molina, máximo líder del PP, al que acusó de
haber ordenado el asesinato de Rosenberg.

"Tenemos información de que puede ser víctima de un atentado o un
asesinato, para evitar que dé información", precisó Taracena.

Pérez Molina restó importancia al testimonio de Pérez León y las
supuestas pruebas aportadas, y aseguró que la petición hecha por el
partido oficial "es una cortina de humo" que pretenden desviar la
atención de la opinión pública en este caso.

El pasado viernes, Pérez León entregó a la CICIG, que investiga
la muerte de Rosenberg, un teléfono móvil en el que, aseguró,
recibió mensajes de textos que implican a los máximos líderes del PP
con ese crimen.

Rosenberg, de 48 años de edad, fue asesinado el pasado 10 de mayo
en la capital guatemalteca por hombres armados que le dispararon
mientras paseaba en bicicleta.

En un vídeo que grabó antes del homicidio, el abogado
responsabilizó de su muerte al presidente Álvaro Colom; a su esposa,
Sandra Torres; al secretario privado de la Presidencia, Gustavo
Alejos, y al empresarios Gregorio Valdez, entre otros.

El Gobierno ha insistido en que el asesinato del letrado y el
vídeo, que han provocado una crisis política en el país, forman
parte de un complot orquestado por sectores interesados en
perjudicar al mandatario.