La medida, que prohíbe a las autoridades estatales y locales dedicar recursos para cumplir funciones de inmigración, disminuirá los delitos, aseguró el legislador latino.

"Estamos enfocados en arrestar delincuentes peligrosos y encarcelarlos, no en detener inmigrantes", señaló.

Además, el Gobierno "no tiene la habilidad para forzar a las autoridades locales a hacer cumplir leyes federales" y si lo hace sería inconstitucional, aseguró el exfiscal general de Estados Unidos, Eric Holder.

Por otra parte, Beck afirmó que la política del LAPD en este tema corresponde a las acciones de la agencia durante "las pasadas cuatro décadas en que vigorosamente hizo cumplir leyes criminales pero no leyes civiles, particularmente leyes de inmigración".

La confianza de la comunidad "es lo más importante en el trabajo policial y el Acta de valores de California es absolutamente consistente con los valores del LAPD", aseguró el jefe de policía durante su intervención en la conferencia de prensa en la cual participaron también el capitán James Beezley del Departamento de Policía de Sacramento y el sargento Bradley Johnson de la policía de Long Beach.

Linda López, jefe de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía de Los Ángeles, y quien participó en la conferencia en representación del alcalde Eric Garcetti, anunció que la alcaldía respalda la medida.

"Estamos aquí con un unificado mensaje singular, todos tienen el derecho a ser protegidos y de confiar en las autoridades", indicó.

"No queremos que nuestras abuelas no reporten los delitos por miedo a ser deportadas", agregó.

La iniciativa, no obstante, ha recibido críticas y rechazo de la mayoría de los cuerpos de alguaciles del estado, incluyendo el Departamento Alguaciles del Condado de Los Ángeles (LASD).

"Cuando se mira lo que tenemos hoy en día, tenemos la Ley de confianza de California y la Ley de la verdad de California que determinan el comportamiento de las autoridades del ICE y el acceso de ICE a los detenidos", declaró recientemente a un canal el jefe del LASD, el alguacil Jim McDonnell.

El alguacil argumentó que estas leyes "sólo permiten acceso de ICE a aquellos que han cometido delitos graves o delitos violentos".

El sindicato de agentes, Concejo Nacional de la Patrulla de Fronteras Local 1613, criticó que la SB54 plantea "remover a las personas con estatus de inmigración de las cárceles de California y ponerlas en una instalación de detención fuera (del estado)".

Según alegaron los representantes de los agentes de fronteras, en un comunicado enviado a Efe, la medida separa a los inmigrantes detenidos "de sus familias, sus comunidades y redes de trabajo y crea aún mayores dificultades para la unidad familiar".

Pese a las críticas, tanto De León como Holder anunciaron hoy que planean continuar hasta la Corte Suprema -si es necesario- con una demanda legal si el Gobierno federal restringe fondos a California por su condición de "estado santuario".

"Vamos a seguir trabajando para defender a las comunidades más marginadas del país", afirmó De León.

Holder reiteró que es totalmente inconstitucional que el Gobierno federal retenga fondos para California.

La medida, que ya fue aprobada por el Senado a principios de abril, cursa su proceso en la Asamblea donde se espera sea finalmente aprobada este mes.

El gobernador de California, Jerry Brown, aún no ha manifestado si vetará o firmará la ley en caso de que sea autorizada por los legisladores.