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Cerca de cien hispanos protestaron ayer lunes 26 de junio 2017, en El Paso (Texas) contra la ley estatal SB4, presentándose esposados en las oficinas centrales de la Policía, "entregándose" simbólicamente por ser inmigrantes. EFE/Red Fronteriza por los Derechos Humanos
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Este documento se ofreció para apoyar y reforzar las demandas impulsadas por varias organizaciones de la sociedad civil estadounidense contra la ley e integradas en una misma causa en la Corte de Distrito del oeste de Texas.

La ley SB4 fue ratificada el pasado 6 de mayo por el republicano Greg Abbott y entrará en vigor a partir del 1 de septiembre.

"La declaración no es en sí misma una demanda (...) es para brindar el contexto al juez, a fin de que pueda tener elementos de utilidad para poder decidir", precisó en una rueda de prensa el consultor jurídico de la SRE Alejandro Alday.

Explicó que, a diferencia de lo que ocurre con los escritos "amicus curiae" (amigo de la corte), este texto no entra en el fondo del asunto.

El abogado dijo que la declaración fue presentada por la cónsul general en San Antonio en representación de los 11 consulados que tiene el Gobierno mexicano en el estado de Texas.

Entre las organizaciones que han interpuesto la querella contra el estado de Texas para que la norma sea declarada inconstitucional están La Unión del Pueblo Entero (LUPE) y el Fondo México Estadounidense para la Defensa Legal (MALDEF).

El subsecretario de la SRE para América del Norte, Carlos Sada, indicó que los datos que recaba el documento elaborado pone de relieve la "angustia y preocupación" de la comunidad mexicana en EE.UU.

Entre ellos, destaca que en las seis semanas previas a la aprobación de la ley, 585 mexicanos solicitaron asesoría legal a los consulados en Texas, y en las seis semanas posteriores esta cifra aumentó a 926.

El número de llamadas al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) aumentó durante mayo y junio 678 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, se registró un incrementó 32,4 % en la expedición de documentos a mexicanos.

Los mexicanos en el estado "están intentando protegerse lo más posible", aseguró el subsecretario.

La declaración también pone de relieve cómo podría llegar a verse afectada la tarea de los consulados, ya que podrían llegar a "dedicarse por completo" a las labores de asesoría de los mexicanos, "en detrimento de otras actividades" de carácter cultural y económico, agregó Alday.

Sada remarcó que México es "respetuoso con las leyes de EE.UU". No obstante, su tarea también es "vigilar que las autoridades no violen los procesos debidos en torno a la aplicación de la ley".

Todavía quedan semanas para que entre en vigor la SB4, pero la inquietud por parte del Gobierno mexicano es que no se tiene una certeza absoluta de cómo será interpretada, explicó.

Los controles migratorios se han fortalecido en EE.UU. desde la llegada el pasado 20 de enero de Donald Trump a la Casa Blanca, quien antes de su triunfo electoral prometió enfocar sus esfuerzos en deportar a migrantes indocumentados y con antecedentes penales.

De acuerdo con el subsecretario, hay una cifra "importante" de mexicanos que están en proceso de ser deportados, alrededor de 180.000.

Subrayó que los consulados, a través de sus diagnósticos, pueden ayudar a los mexicanos que se encuentran en riesgo, dado que entre el 15 y 18 % de estas personas descubren gracias a ellos que pueden gozar de "un beneficio migratorio" que les permite quedarse en el país.

Texas es, tras California, el segundo estado de EE.UU. en el que hay una mayor concentración de mexicanos, quienes suponen un 80 % de la comunidad hispana de ese lugar.

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