El gobierno de México junto a otros países de Latinoamérica han decidido entablar una demanda contra la ley anti-inmigrante de Georgia en Estados Unidos, ya que la consideran inconstitucional.

También varias organizaciones pro-inmigrantes de Georgia, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC) se han unido para presentar cargos.

Las organizaciones señalan que la ley es inconstitucional porque interfiere ilegalmente con el poder y autoridad federal en asuntos de migración

La ley estatal HB 87 está basada en la controversial ley 1070 de Arizona, ya que permite a las autoridades preguntar el estatus migratorio de cualquier persona, lo que muchos piensan conducirá al perfil racial por parte de las autoridades.

Esta medida anti-inmigrante también castiga a personas que se dediquen a transportar o traficar inmigrantes indocumentados, o utilicen alguna identificación falsa para trabajar. 

La ley también requiere que muchos negocios utilicen el sistema federal 'E-Verify', por medio del cual se rectifica que todos los nuevos empleados sean elegibles para trabajar en Estados Unidos.

El gobierno mexicano declaró que la ley afecta de una manera inapropiada la relación  entre México y Estados Unidos. También cree que la ley es discriminatoria y que afectará los intereses diplomáticos entre ambos países.

Así reportó RenewAmerica.com