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La directora ejecutiva de la organizaicón latina Jolt, Cristina Tzintzun (d), se dirige a más de un centenar de latinos que se congregaron hoy, lunes 15 de mayo de 2017, frente a la mansión del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, para reclamarle un trato más respetuoso hacia la comunidad hispana. EFE/ Alex Segura
La directora ejecutiva de la organizaicón latina Jolt, Cristina Tzintzun (d), se dirige a más de un centenar de latinos que se congregaron hoy, lunes 15 de mayo de 2017, frente a la mansión del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, para…

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En la ley conocida como SB4, la iniciativa destinada a prohibir las denominadas "ciudades santuario", el mandatario texano ratificó también la semana pasada una enmienda que permitirá a los agentes de policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas en Texas.

Según esta adición, muy similar a una aprobada en Arizona en 2010 conocida popularmente como "Enséñame los papeles", las autoridades policiales podrán preguntar el estatus migratorio de las personas que, por ejemplo, detengan por un asunto de tránsito.

"Esto no es solo un ataque hacia las personas indocumentadas, sino que también amenaza a toda la comunidad latina del estado -que representa cerca del 40 % de la población total de Texas-, que estará sujeta a preguntas de la policía por culpa de su aspecto o acento", aseguró en declaraciones a Efe Cristina Tzintzun, directora ejecutiva de la organización hispana Jolt.

Este grupo, con sede en Austin y que aboga por los derechos de los hispanos en el estado de la estrella solitaria, organizó una conferencia de prensa enfrente de la mansión del gobernador estatal para anunciar su plan de acción antes de que esta legislación entre en vigor el próximo 1 de septiembre, según estipulan las reglas de la sesión legislativa.

Jolt tendrá el foco en ayudar a los latinos residentes en Texas a registrarse para votar, educar a la comunidad para que conozca las implicaciones de la SB4 y organizar manifestaciones y actos de "desobediencia civil" para poner el máximo de trabas posibles a la implementación de esta ley.

El legislador estatal Rafael Anchía, que también asistió al acto, pidió a Abbott que "abriera los ojos" ante la cantidad de personas que se verán afectadas por esta ley, que permitirá también a las policías universitarias a pedir la documentación a los estudiantes que no parezcan estadounidenses.

"Todos somos texanos y estadounidenses, sin importar lo que diga en tus papeles", exclamó el demócrata, quién dijo estar orgulloso de que la comunidad latina se una "cada vez" que es atacada por parte de los dirigentes políticos de ese estado sureño.

Para el político, esta ley representa "volver atrás en el tiempo, cuando los ataques por motivo de raza o apariencia estaban permitidos".

Además del representante estatal, varias personas ofrecieron su testimonio sobre cómo esta legislación afectaría a su día a día personal y al de sus familiares.

Uno de ellos, Kevin Puga, estudiante universitario mexicano de 24 años dentro del Programa de Acción Diferida (DACA), lamentó que la clase política de estatal se esfuerce en aprobar leyes que discriminen a una gran parte de la población en vez de trabajar por el bien común.

En su caso, sus padres llegaron a Estados Unidos cuando él tenía un año de vida, por lo que dijo sentirse texano "pese a quien le pese" y aseguró que luchará para movilizar la mayor cantidad posible de personas para combatir esta ley.

Otra de las personas que ofreció su testimonio fue Analicia Bañales, una mujer nacida en Corpus Christi (Texas) con rasgos físicos que delatan su origen mexicano.
 

"Yo, que soy nacida en Texas, tendré que enfrentar a cuestionarios de las autoridades locales únicamente por mi color de piel", señaló ante la audiencia Bañales.
 

"La SB4 ataca a nuestra seguridad pública, a nuestros valores y a la democracia", añadió.

La propuesta aprobada contra las "ciudades santuario", que podría acarrear penas de cárcel para los sheriffs tejanos que estén a cargo de las oficinas que no cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), era una de las prioridades en la presente sesión legislativa estatal de Abbott.

A pesar de haber recibido fuertes presiones de distintos ámbitos, incluyendo el económico, el cultural y el de numerosas asociaciones que abogan por los derechos civiles, el gobernador dejó claro desde el principio que era importante acabar con los territorios que no cooperan con las autoridades federales en la detención y deportación de los indocumentados.