"¿Cómo deportación roba dinero y pertenencias a inmigrantes?" es un reciente estudio de la organización No Más Muertes, que muestra las terribles realidades que los inmigrantes enfrentan una vez que son deportados.

Según el informe, una vez que la persona es arrestada se encuentran en custodia de la Patrulla Fronteriza y después pasan a cárceles locales o a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), pero todas sus propiedades, tales como documentos oficiales, dinero y objetos personales permanecen en Estados Unidos.

El informe se basa en más de 14.000 casos del área de Arizona.

El reporte asegura que algunas de las consecuencias que los inmigrantes enfrentan por no recibir su propiedad personal incluyen: incapacidad para acceder a alimentos, a atención médica y refugio; incapacidad para pagar por llamadas telefónicas o acceso a números telefónicos de la familia; extorsión y acoso policial, sobre todo si no cuentan con una identificación.

"Cuando me detuvieron, la Patrulla Fronteriza lanzó mis collares y cinturón en la basura gritando 'esto va a la basura'. Pusieron mi teléfono celular y mi certificado de nacimiento en una bolsa y dijeron que lo archivarían para mí. Después cuando estaba a punto de ser deportada por ICE y pregunté por mis documentos me dijeron: 'Usted no tiene nada!' Les mostré un comprobante de la lista de mis pertenencias y me dijeron, 'la Patrulla Fronteriza debe tener sus pertenencias y nosotros no podemos hacer nada'", declaró Yolanda de Tijuana, México, una de las inmigrantes que aparecen en el informe.

En 2011 No Más Muertes publicó "Una cultura de crueldad", que documentó más de 30.000 casos de abusos relacionados con las prácticas de custodia y de deportación de CBP. Entre los hallazgos se encontraron, hubo 11.384 casos de insuficiente/no comestible o ningún alimento proporcionado. 86 por ciento de las personas que necesitaron atención médica urgente fueron deportados sin recibir ninguna atención. En 2.926 incidentes no hubo devolución de las pertenencias personales.

"La falta de devolución de dinero y pertenencias es una violación peligrosa de derechos humanos que no es aceptable en ningún nivel", concluye el informe.