El fiscal del condado Maricopa, Bill Montgomery, solicitó este fin de semana al Gobierno federal restituir la autoridad de la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO), Joe Arpaio, para verificar el estatus migratorio de los detenidos.

"Esta decisión impactará de diferentes maneras", dijo en un comunicado de prensa Montgomery, para quien este cambio de política permitirá que criminales sean liberados y permanezcan en la comunidad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) canceló el pasado jueves el programa 287g, que permite que las autoridades locales y estatales colaboren con el Gobierno federal en la detención y expulsión de indocumentados, en el condado de Maricopa, a raíz de un informe sobre las prácticas de discriminación contra los latinos por parte de la oficina de Arpaio.

El DHS también limitó el acceso de MCSO al programa Comunidades Seguras, que permite identificar a inmigrantes "deportables" en las cárceles locales, estatales y federales.

Antes estas acusaciones, Arpaio se defendió asegurando ser víctima de una "cacería de brujas" y que todo está motivado por "intereses políticos", al tiempo que se negó a hablar de forma específica sobre la investigación del Departamento de Justicia que duró aproximadamente tres años.

Anteriormente la oficina de Montgomery trabajaba en conjunto con MCSO para presentar cargos contra indocumentados arrestados durante operativos y redadas en las calles y en negocios locales.

Los indocumentados arrestados en estos operativos por lo general enfrentaban cargos por el uso de documentos falsos o robo de identidad.

El Departamento de Justicia le dio a la oficina de Arpaio hasta el 4 de enero para anunciar si cooperará con ellos para poner en marcha cambios en MCSO.