Las autoridades mexicanas consideran que
las elecciones legislativas y locales del 5 de julio están blindadas
frente a la amenaza del narcotráfico, pese a los interrogantes
surgidos en el país tras la detención de varios alcaldes por
supuestos vínculos con un cártel de drogas.

Pese a que muchos analistas estiman que los "narcos" mexicanos
son hoy los más poderosos del mundo y que en los últimos meses
diversas detenciones de funcionarios han demostrado el alto grado de
implicación del crimen organizado con las instituciones, las
autoridades electorales afirman que las elecciones están libres de
influencias criminales.

Recientemente diez alcaldes del estado central de Michoacán y
varios funcionarios de ese gobierno local fueron detenidos
preventivamente, acusados de tener supuestos vínculos con el cártel
de las drogas La Familia Michoacana.

Edgardo Buscaglia, asesor de la ONU en materia de corrupción y
delincuencia organizada, dijo a Efe que "se calcula que entre un 50
y 60 por ciento de los municipios mexicanos ha sido feudalizados"
por el crimen organizado para facilitar sus operaciones delictivas.

El año pasado, además, las autoridades pusieron en marcha la
llamada "Operación Limpieza", que permitió, entre otras capturas, la
detención del director de Interpol México, Ricardo Gutiérrez Vargas,
y del zar antidrogas hasta julio pasado, Noé Ramírez Mandujano.

Ramírez, por ejemplo, recibía del cártel de los hermanos Beltrán
Leyva 450.000 dólares mensuales a cambio de información.

Este año se eligen en México 1.596 cargos de elección popular:
500 diputados federales y 403 locales, 6 gobernadores, 16 jefes
delegacionales (titulares de alcaldías menores del Distrito Federal)
y 605 alcaldes de municipios.

La gran cita con las urnas es el 5 de julio, a excepción de los
estados de Quintana Roo, Tabasco y Coahuila, cuyos procesos
electorales se celebrarán entre febrero y octubre.

El Instituto Federal Electoral (IFE) de México, la máxima
autoridad electoral del país, dijo recientemente que "no existe"
evidencia alguna de que se estén utilizando recursos procedentes del
narcotráfico u otras actividades ilícitas en las campañas.

A ese organismo le apoya el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (Trife), la principal autoridad en materia de
conflictos legales e impugnaciones en comicios, y encargado de
validar cualquier elección federal.

Su presidenta, Carmen Alanís, afirmó que los integrantes de ese
órgano judicial están "preparados para garantizar la
constitucionalidad y la legalidad de las elecciones".

Por su parte, para perseguir los delitos electorales, México
cuenta con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de la
República (PGR), cuya titular, Arely Gómez, dijo en marzo que
enfocará sus esfuerzos en vigilar "el desvío de recursos públicos
con fines proselitistas" y proteger "la libertad del voto".

El fiscal general de México, Eduardo Medina Mora, aseveró la
pasada semana que la Fepade ha recibido "un sinnúmero de denuncias"
que está investigando.

Para el analista político José Antonio Crespo, México
"absolutamente no está preparado" para contrarrestar la influencia
del narcotráfico en los comicios y no cree que las autoridades
puedan hacer algo al respecto.

Crespo, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo
Económico (CIDE), indicó que frente al poderío económico y armado
del narcotráfico mexicano la Fepade sólo puede actuar si recibe una
denuncia "más o menos comprobada" de un delito "estrictamente"
electoral.

En tanto, el IFE sólo puede fiscalizar las finanzas que le
reportan de buena fe los partidos, por lo que le resulta imposible
vigilar cualquier dinero diferente que reciban.

El papel de las autoridades ha quedado en entredicho en algunos
casos, como en el de Mauricio Fernández, candidato a la alcaldía de
San Pedro Garza García, uno de los municipios con la renta más alta
de América Latina, ubicado en las afueras de la metrópoli norteña de
Monterrey.

En una conversación grabada de forma encubierta y difundida por
los medios, Fernández reconoce un pacto para garantizar la seguridad
pública con el cártel de los Beltrán Leyva, y asegura que esa
organización criminal mantiene la paz en San Pedro Garza García.