El Departamento del Tesoro anunció hoy que congelará fondos bajo su jurisdicción a Moreno y a los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, responsables de haber asumido las funciones de la Asamblea Nacional a finales de marzo, lo que desencadenó las actuales protestas que azotan al país.

El Tesoro informó de que la decisión se tomó en coordinación con el Departamento de Estado y después de que todos los sancionados hayan sido responsables de arrogarse el poder legislativo y privar de protección y competencias a la Asamblea Nacional.

Durante mes y medio de protestas en las calles de las principales ciudades del país han muerto más de 40 personas y han aumentado las presiones para que el Gobierno de Maduro convoque elecciones transparentes y no siga intentando acaparar el poder para contener a la oposición contra la voluntad de las urnas.

Las sanciones incluyen, además de a Moreno, a la cabeza del Supremo desde febrero, a los jueces de la Sala Constitucional Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta.

Todos ellos también tendrán prohibido ingresar a Estados Unidos, según indicaron fuentes del Gobierno estadounidense en una conferencia telefónica.

"El pueblo venezolano está sufriendo por el colapso económico provocado por la mala gestión y la corrupción de su gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia han exacerbado la situación al interferir con la autoridad del Legislativo", indicó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

"Por medio de estas sanciones, los Estados Unidos apoyan al pueblo venezolano en sus esfuerzos para proteger y promover un gobierno democrático en el país", añadió Mnuchin, bajo cuyo control se encuentra la Oficina de Control de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que impone las sanciones económicas.

Esta es la segunda vez que la Administración del presidente, Donald Trump, impone sanciones a altos cargos del Gobierno de Maduro, después de que en febrero pasado decretara sanciones al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, por su relación con el narcotráfico.

Esa es, hasta la fecha, la sanción financiera al más alto cargo del Ejecutivo venezolano, mientras que el anuncio de hoy afecta a la cúpula del poder Judicial, ambos poderes controlados por el chavismo, que han obstaculizado la labor de Legislativo, controlado por la oposición desde las elecciones de enero de 2016.

"La separación de poderes (en Venezuela) es un chiste", indicó un funcionarios estadounidense, que pidió que el Gobierno venezolano libere a los presos políticos y "devuelva al control al pueblo"

Los funcionarios estadounidenses aseguraron que la intención de las sanciones es corregir el comportamiento de los sancionados y confió en que se dé un cambio de comportamiento, pese a que el Gobierno de Maduro y sus instituciones afines no han dado muestras de ceder ante las protestas.

El presidente Trump, que hoy se reunió con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, lamentó "el deterioro de la situación en Venezuela" y aseguró que "está en muy mal estado".

"Una Venezuela en paz y estable va en el interés de todo el hemisferio. Y Estados Unidos estará del lado de los pueblos de este gran hemisferio que anhelan la libertad", añadió Trump en una rueda de prensa conjunta con Santos.

El senador republicano Marco Rubio, uno de los legisladores estadounidenses más beligerantes en lo referente a Venezuela, aseguró que las sanciones demuestran que "el asunto de los derechos humanos y el respeto por la democracia en Venezuela" es una prioridad para Trump.