La multinacional agroalimentaria Chiquita
Brands recibió esta semana dos nuevas demandas en un tribunal federal en
Washington relacionadas con el asesinato y tortura de 931 personas en la
zona bananera de Urabá, en Colombia.

Uno de los casos hace
referencia a la matanza de 254 personas a manos de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) en esa zona bananera, informó el abogado de las víctimas, Paul Wolf.

Según Wolf, Chiquita ha
admitido ante los tribunales que pagó a las FARC desde 1987 y hasta
1999 para proteger sus fincas bananeras del Ejército Popular de
Liberación (EPL), un grupo guerrillero rival.

"La situación en
la zona de Urabá cambió drásticamente a mediados de los 90, cuando los
narcotraficantes y los dueños de las grandes plantaciones crearon la
organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para
protegerles de las FARC", dijo.

Entonces "Chiquita cambió de
bando contratando a las AUC para protegerles de las FARC, mientras los
remanentes del EPL fueron integrados en las AUC", explicó.

El
otro caso hace referencia al asesinato de 677 personas por parte de las
AUC, la mayoría muertos entre 1995 y 1996, que no fueron incluidos en
previas demandas.

En 2007, la compañía se declaró culpable de
pagar 1,7 millones de dólares a los paramilitares colombianos entre 1997
y 2004 por la que fue condenada a pagar una multa de 25 millones de
dólares.