La medidas para mejorar la economía de
Puerto Rico anunciadas por el gobernador Luis Fortuño, quién tomó
posesión del cargo el pasado día 2, y las recomendaciones de su
comité de expertos, han encontrado ya la oposición de diferentes
sectores de la sociedad boricua.

Algunos empresarios, miembros incluso del gobernante Partido
Nuevo Progresista (PNP), sindicatos, los partidos de la oposición,
movimientos de izquierda y comunitarios temen que los platos rotos
de la recesión económica puertorriqueña los acabe pagando la clase
trabajadora en beneficio de las grandes corporaciones y los bancos.

Varios sindicatos y otras organizaciones comunitarias convocadas
por la Coordinadora Sindical celebrarán este lunes una asamblea para
discutir y votar un documento y un plan de acción contra las medidas
económicas propuestas.

La deuda pública de Puerto Rico, que entró en recesión en 2006,
supera los 52.000 millones de dólares, el déficit presupuestario del
gobierno asciende a los 3.200 millones y tanto la inflación como el
desempleo superan el 12 por ciento.

Para tratar de mejorar la situación, Fortuño decretó el pasado
jueves, en su primera orden ejecutiva como gobernador, un "estado de
emergencia fiscal" en el Estado Libre Asociado (ELA) instando a
todas las administraciones públicas a reducir sus gastos.

La orden promulga la "congelación de puestos vacantes" en el
Gobierno, establece la "prohibición de crear nuevos puestos"
públicos, la "eliminación de puestos de confianza" en un 30 por
ciento y una significativa reducción de gastos en todas las
administraciones.

Fortuño firmó la orden ejecutiva atendiendo las recomendaciones
que le presentó su Comité Asesor de Reconstrucción Económica y
Fiscal, integrado por 14 prominentes empresarios y economistas, y
anunció que presentaría nuevas medidas al Legislativo.

El Senado y la Cámara de Representantes celebran este lunes sus sesiones
inaugurales tras las pasadas elecciones del 4 de noviembre en las
que el PNP consiguió amplias mayorías en ambas cámaras.

Otras recomendaciones del Comité Asesor de Fortuño se refieren a
establecer una moratoria en el cumplimiento de los convenios
colectivos de los empleados públicos durante los próximos dos años.

También aconsejan los economistas implantar una nueva tasa
contributiva a corporaciones, establecer una serie de impuestos
sobre el tabaco, la gasolina, el alcohol y los teléfonos celulares y
mejorar la forma de recaudar el Impuesto sobre las Ventas y Uso
(IVU).

El portavoz de la Coordinadora Sindical, Luis Pedraza Leduc,
aseguró que las medidas recomendadas por el Comité de
Fortuño "tienen una carga desproporcionada sobre la clase
trabajadora", que será la que se verá más afectada por la moratoria
de los convenios, la congelación de plazas y los nuevos impuestos.

Las medidas de Fortuño tendrán más "impacto" negativo en "las
personas que en las corporaciones", mientras que "la crisis
verdadera es de ausencia de trabajo, que las empresas privadas no
están creando empleo para que los trabajadores tengamos dinero para
mejorar la economía", sostuvo Pedraza Leduc.

Por otra parte, otras medidas recomendadas dirigidas a establecer
una serie de "alianzas público privadas" para mejorar los servicios
del Estado tendrían como objetivo último el de privatizar las
principales administraciones estatales, según el sindicalista.

Algunas de las sugerencias del Comité han sido cuestionadas
incluso por legisladores del PNP como Migdalia Padilla o Antonio
Silva o alcaldes del mismo partido, como el de Yauco, Abel Nazario,
que esperan que algunas de ellas, como el arbitrio a la gasolina, se
queden en eso, en meras recomendaciones.

Otra de las recomendaciones del Comité, respaldada por Fortuño,
es despedir a 11.000 empleados públicos contratados después del 1 de
julio de 2008, fecha desde la cual aplicaba una "veda electoral"
prohibiendo esos contratos, y el propio secretario del Trabajo
designado, Miguel Romero, ha cuestionado esa cifra.

El vicepresidente de la compañía telefónica T-Mobile, Jorge
Martel, indicó que aprobar un impuesto a los celulares tendría
"efectos nefastos en el consumidor puertorriqueño, al igual que
tendrá un impacto a la economía, creación de empleos, y el
desarrollo futuro de la industria de las telecomunicaciones".

Otra de las medidas anunciadas se refiere a realizar una nueva
emisión de bonos del gobierno para poder pagar la nómina de los
empleados públicos, lo que ha sido criticado por la oposición del
Partido Popular Democrático (PPD), a pesar de haber sido un recurso
recurrente de anteriores administraciones del propio PPD.

Por su parte, el que fuera candidato a la gobernación del Partido
Independentista Puertorriqueño (PIP), Edwin Irizarry, expresó su
"preocupación" porque las recomendaciones del Comité "garantizarán
el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la
población puertorriqueña".

Para el Movimiento al Socialismo, organización que incluye a una
veintena de entidades, "se quiere solucionar la crisis encareciendo,
empeorando o racionando servicios al más pobre, atacando salarios de
los trabajadores y a costa del aumento en el desempleo, que redundar
en una crisis social más profunda".