Los niños mexicanos que cruzan la
frontera de manera ilegal son retenidos hasta cuatro meses en
albergues por la equivocada interpretación de una nueva ley contra
el tráfico de personas con fines de explotación sexual o laboral.

La ley federal William Wilberforce, o HR7311, que entró en vigor
en marzo pasado, pone particular énfasis en los menores de edad
mexicanos que sean detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP) y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Los menores mexicanos eran repatriados anteriormente a las 24 y
48 horas de haber sido detenidos por agentes migratorios y ahora
pasan hasta cuatro meses en los albergues en los que antes había
únicamente menores centro y suramericanos", dijo a Efe Ileana
Holguín, directora de Servicios para Inmigrantes y Refugiados de la
Diócesis de El Paso.

La legislación establece que los menores que no viajen
acompañados o que lo hagan en compañía de una persona distinta a un
familiar cercano podrán ser detenidos y enviados a la Oficina Local
de Reunificación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de EEUU.

"La ley exige a las autoridades asegurarse de que el menor a ser
repatriado no fue víctima de tráfico humano, y como los inspectores
de CBP no saben cómo hacerlo, los están enviando a los albergues
para menores indocumentados", denunció la abogada, quien añadió que
la mayoría de los menores mexicanos en albergues tienen entre tres y
14 años de edad.

De acuerdo con el portavoz de CBP en El Paso, Roger Maier, el
personal de la agencia únicamente puede entregar a los niños a
padres y guardianes que están en Estados Unidos y que puedan
demostrar que son los tutores.

"El Departamento de Salud y Servicios Humanos a cargo de los
albergues para menores migrantes es responsable para determinar si
otro familiar puede hacerse cargo del cuidado y custodia del niño",
expuso.

Holguín señala que anteriormente los menores mexicanos detenidos
eran entrevistados por personal del Consulado de México y
posteriormente entregados en los cruces internacionales a
autoridades mexicanas que se encargaban de enviarlos a sus hogares.

"Ahora no tenemos cifras concretas, pero sí podemos decir que el
número de menores mexicanos en los albergues para inmigrantes, que
antes no sobrepasaban uno o dos, se ha disparado considerablemente",
indicó.

El Cónsul de México en El Paso, Roberto Rodríguez Hernández,
manifestó su preocupación por la demora en la repatriación y expuso
la inquietud de los padres de los menores -que aunque son enviados
albergues adecuados a su edad- no dejan de estar detenidos.

"Nos preocupa que la repatriación se lleve actualmente a cabo en
tanto tiempo porque los menores pudieran resultar afectados
psicológicamente", aseguró el diplomático.

En su opinión el problema radica en cómo interpretan la nueva ley
las distintas autoridades que vigilan la frontera.

"Mientras que para algunas agencias existen diferencias entre lo
que es contrabando de menores y tráfico humano, para otras el
fenómeno es el mismo", señaló.

Holguín explicó que en el contrabando alguien paga porque el
menor sea internado a Estados Unidos y luego entregado a sus
familiares, en tanto que en el caso de tráfico humano el menor es
trasladado en contra de su voluntad para luego ser explotado sexual
o laboralmente.

La ley HR7311 sostiene que todos los años arriban a EEUU miles de
menores extranjeros sin el acompañamiento de adultos y entre los que
puede haber niños que han sido traficados, perseguidos en sus países
de origen o sometidos a violencia doméstica, abusos y negligencia.

La abogada aclaró que el nuevo procedimiento no es malo para
todos, y aunque perjudica a los menores que no tienen vías para
permanecer en el país legalmente, beneficia a aquellos en cuyo caso
hay algún recurso que les permita obtener una visa.

"Anteriormente los menores mexicanos eran regresados
automáticamente a México sin una audiencia ante un juez, pero ahora
pueden pelear en corte en caso de tener un familiar en el país, o de
haber sido víctimas de violencia en México", finalizó.